Neimar Claret Andrade
Los trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) han expuesto a las autoridades de la entidad su preocupación por la defensa de sus funcionarios ante ataques de personas descontroladas, por lo que están impulsando, en conjunto, una serie de medidas preventivas de estas situaciones a lo largo del país.
Según plantean, la aceleración de la percepción del tiempo propicia cuadros de ansiedad, estrés, intolerancia, falta de paciencia e incluso trastornos sicológicos, lo que, en conjunto con la presencia de enfermedades que afectan emocionalmente, pueden ser síntomas de cuadros complejos que suelen estar tras un ataque de ira, como los que se sufren en oficinas públicas de atención de usuarios donde las víctimas son los funcionarios, situación que se ha experimentado en el Registro Civil y con mayor frecuencia en lugares de atención de salud, donde las condiciones de pacientes hacen más vulnerable la acción de los trabajadores públicos.
Es importante recordar que todos los empleados públicos están protegidos por la ley; específicamente el artículo 90 del D.F.L. Nº 29, de 2005, de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo establece que “los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma.
La denuncia será hecha ante el respectivo Tribunal por el jefe superior de la institución, a solicitud escrita del funcionario, y cuando el afectado fuere dicho jefe superior, la denuncia la hará el Ministro de Estado que corresponda”.
Al respecto, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del ISL (Anatisel), María Teresa Martínez manifestó que este es un tema relevante y anunció que reactivarán la solicitud de un protocolo conjunto para la defensa de los funcionarios.
“Queremos —precisó— que el protocolo se complemente con una campaña de difusión de deberes y derechos de los usuarios y de capacitación de nuestros trabajadores en temas como manejo de crisis, para saber qué hacer en caso de ataque físico o verbal, y apoyo psicosocial, porque cuando una persona tiene un ataque de furia deja a nuestros funcionarios muy afectados psicológicamente”.
Los casos registrados hasta ahora mantienen alerta a la institución, pues desde la dirección nacional se advierte que no sólo es un asunto que afecta a los funcionarios, sino también a quienes vayan a las oficinas por un trámite y se vean impedidos de realizarlo por el escándalo de una persona con furia. Asimismo, se adelantan a las acciones vía redes sociales que también han sufrido con ataques y denostaciones injuriosas.
