Neimar Claret Andrade
“Las tomas ilegales en la Macrozona Sur no reciben, de parte del sistema de persecución penal, una respuesta contundente, encontrándose apenas una sentencia condenatoria en toda la muestra analizada. De este modo, las víctimas quedan a disposición de los usurpadores y no cuentan con ninguna expectativa real de que se respeten su propiedad ni su derecho a trabajar y vivir en paz, sin amenazas ni extorciones de parte de quienes pretenden la restitución de tierras por vías de hecho”.
Así lo afirmó el director de Estudios del Observatorio Judicial y autor del informe Violencia en la Macrozona Sur 2018-2021: Usurpaciones, José Miguel Aldunate, quien explicó que en el lapso de esos cuatro años, se observa un aumento considerable en el número de causas ingresadas por el delito de usurpaciones, alcanzando su máximo el segundo semestre de 2021 con 53 causas ingresadas.
En cuanto a la vía de ingreso de éstas, constataron que 42 % lo hace por querellas de particulares, 7 % por querellas de la Delegación y 15 % de otros órganos estatales, principalmente municipios. El 36% restante de las causas ingresan por denuncia.
El informe también reveló que los principales afectados por los delitos de usurpación son los residentes de la zona (68 %) y empresas (28 %). Asimismo, tras el estudio se estableció que el 61,1 % de las acciones penales se interponen contra quien resulte responsable, mientras que apenas el 38,8 % de las causas cuentan con un imputado conocido, lo que repercute en el total de formalizaciones que alcanza apenas 13 %. Además, se pudo observar que la brecha entre causas formalizadas y no formalizadas va creciendo a lo largo del período.
En lo relativo a los resultados, 63,6 % de las causas se encuentran aún en tramitación, mientras que del 36,4 % restante, destaca la dictación de apenas una sentencia condenatoria, equivalente al 1 % del total de causas concluidas, es decir, la mayoría de las causas terminan por decisión de no perseverar (25 %), ejercicio de la facultad de no iniciar la investigación (13 %) o sobreseimiento definitivo (27 %).
Al respecto, el presidente de la Mulitgremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, manifestó que urge avanzar en la modificación la legislación vigente para perseguir este delito. “El observatorio judicial —argumentó— ha presentado un nuevo informe, Usurpaciones, toma más de 150 casos desde el 2018 al 2021 y nuevamente se repite la constante impunidad. En sólo uno existe condena, una multa. Este es un delito que normalmente ocurre a plena luz del día donde las personas son identificables y a pesar de ello existe este nivel de impunidad.
Por otra parte, es un delito que es el inicio de una serie de acciones de amedrantamiento sobre los propietarios tales como incendios y amenazas, por lo tanto, es urgente la modificación de la legislación que hoy se discute en el Congreso que permita efectivamente hacer justicia y detener esta escalada de violencia que se inicia con este delito”.