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Jue 29 Febrero, 2024

Son tres las investigaciones en La Araucanía por recursos públicos asignados a fundaciones

Confirmadas por la Fiscalía de Alta Complejidad

Ni Luciano Rivas ni Andrea Parra, gobernador regional y delegada presidencial de Malleco, respectivamente, se salvan de la ola investigativa por el Caso Convenios, que afecta y arropa a varias instancias de poder en el país, en el hecho de presunta corrupción más grande destapado en los últimos tiempos en Chile.

A los mencionados funcionarios se le suma una causa, y ya serían tres en la región de La Araucanía, a las que se les inicia un expediente constitutivo de investigación por posible fraude al fisco, según confirmó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

El persecutor habló con los medios después de recibir a la diputada Éricka Ñanco, quien aportó antecedentes que fueron incorporados a la causa que la Fiscalía de Alta Complejidad abrió la semana pasada, por la denuncia de un particular por el traspaso de dineros desde el Gobierno regional a fundaciones.

La segunda investigación fue aperturada por una denuncia del diputado Mauricio Ojeda, por una fundación que recibió fondos el año pasado del Ministerio de Desarrollo Social, la cual tendría su centro de operación en el mismo terreno donde vive la delegada presidencial provincial de Malleco, en la comuna de Angol.

La tercera investigación, tal como lo confirma el fiscal Garrido, fue iniciada este lunes con antecedentes entregados por el diputado Andrés Jouannet, por presuntas irregularidades en el traspaso de $442 millones desde la Conadi a una sociedad de profesionales con responsabilidad limitada.

“Estamos en una etapa inicial de recolección de antecedentes constitutivos de delito, pero por ser precisamente una etapa inicial, es un poco difícil determinar cuáles son los delitos que se configurarían. Sin perjuicio de ello, es necesario distinguir en lo que corresponde a la asignación de estos recursos si son incompatibilidad de negocio, tráfico de influencia o fraude al fisco”, indicó Garrido.

Asimismo, el fiscal advirtió que se debe hacer una investigación lo suficientemente acuciosa para determinar si las autoridades y demás personas involucradas en estas investigaciones, deben ser citadas a rendir declaración, “porque lo importante es tomar decisiones sobre la base de antecedentes que permitan afirmar la existencia de delitos o bien descartarlos”.

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