Actualmente, el valor del pasaje en la región Metropolitana ronda los 640 y 800 pesos, en regiones como La Araucanía es de $ 800 (en Angol, específicamente), dependiendo el horario en que se utilice. Sin embargo, este es un tema especialmente sensible, considerando que el estallido social de 2019 comenzó cuando se intentó subir en 30 pesos.
Una eventual medida de incremento tarifario ya fue confirmada hace algunos días por el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, pues expertos en el área recomendaron aplicarla considerando que este año se han inyectado 700 mil millones de pesos en el sistema.
“Por un lado, una tarifa no puede ser congelada para siempre y, por otro, está este impacto que podría generar, y lo hemos visto, el aumento de la tarifa”, dijo Muñoz a El Mercurio y el jueves tal advertencia fue justificada y reiterada por el propio presidente Gabriel Boric.
El mandatario aseveró el fin de semana pasado que hay que ser “capaces de compatibilizar aquello” con la situación económica de los hogares.
Por lo anterior, Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, mismo partido en que milita el jefe de Estado, sostuvo al citado medio que “hay que evitar a toda costa el alza en el precio de los servicios básicos para ir a trabajar, para hacer tu vida. El pueblo está pasando por una situación crítica frente a la inflación y el Gobierno, y nosotros como parlamentarios, tenemos que encontrar todos los mecanismos para hacerla más liviana la vida”.
Por su parte, Marco Velarde, de Comunes, acotó que “hemos solicitado que la tarifa del transporte público se congele hasta fines de 2023, fecha en que la economía se debiese estabilizar, pero creemos que esto debe ir acompañado de medidas para evitar la evasión, con más fiscalización, alza de multas y campaña de concientización para que la ciudadanía no evada”.
Desde el Socialismo Democrático, el diputado del PPD Raúl Soto expresó que el alza en el costo de la vida “sigue afectando a las personas y me parece bien que el Gobierno evalúe las mejores herramientas para mitigar sus efectos y aliviar la carga de gastos de las familias. El transporte público es una prioridad y si se puede lograr una fórmula sería una buena señal de la ciudadanía”.
