El muy cuestionado Frente Amplio dio a conocer durante la mañana de este lunes, su propuesta para el desarrollo del proceso constituyente, en el marco de múltiples diálogos políticos que se han realizado durante la última semana tras el triunfo del Rechazo el pasado domingo.
Pisteando los resultados del plebiscito, dijeron en un comunicado que: “Chile necesita de una nueva constitución escrita en democracia. El objetivo del proceso constituyente es dotar a Chile de una nueva Carta Magna, reconociendo el carácter obsoleto de la Constitución de 1980 que actualmente nos rige y el mandato popular expresado en el plebiscito nacional de octubre del año 2020”.
En primer lugar, proponen una “Convención constitucional 100 % electa, paritaria, con participación de independientes y escaños reservados para pueblos indígenas. Respetamos el mandato popular expresado en el plebiscito nacional de octubre del año 2020”, una postura poco o nada similar con lo arrolladoramente expresado por el pueblo el 4 de septiembre.
“Consideramos que no se puede retroceder respecto de los mínimos democráticos definidos en el proceso constituyente 2021-2022, donde el carácter paritario del órgano y la incorporación de los pueblos indígenas al debate nacional fueron imprescindibles para la legitimidad del proceso. Consideramos que las y los independientes son una legitima expresión de formas diversas de construcción política que deben poder ser parte del proceso mediante su incorporación en las lisas conformadas para la elección de convencionales”, expresaron con total descaro.
Luego, señalaron que “considerando la extensión y profundidad del debate constitucional por el que ya atravesó nuestro país y la necesidad de entregar prontas certezas a la ciudadanía sobre el nuevo texto constitucional vigente, creemos que Chile debiese contar con un nuevo texto durante el año 2023 y el desarrollo de la Convención no debiese ser superior a 5 meses”.
“Manteniendo el criterio del acuerdo político del 15 de noviembre y considerando el carácter obsoleto de la Constitución de 1980 es que proponemos iniciar el debate desde Hoja en blanco, incorporando como insumos a la discusión los resultados del proceso deliberativo llevado a cabo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el proyecto de nueva constitución 2022 y los informes técnicos de las comisiones de la Convención Constitucional 2021-2022”, propusieron.Sobre el comité técnico, pretenden que esté “integrado por expertos que cumplan estrictos estándares de idoneidad profesional y técnica elegidos por distintos actors de la institucionalidad nacional: los tres poderes del Estado, académicos/as, Municipalidades, Organizaciones de la Sociedad Civil, Contraloría, entre otros”.
Dicho comité trabajará en pos de la “preparación de la instalación de la nueva Convención Constitucional. Esto incluye la redacción del reglamento y la sistematización de los insumos que esta deberá tener en cuenta”, y el “acompañamiento técnico durante todo el proceso de deliberación, redacción y armonización de la nueva propuesta”.
“Proponemos un reglamento ad hoc preparado previo a la instalación de la convención tomando como insumo el reglamento de la reciente CC, una evaluación de las dificultades procedimentales de su funcionamiento y los reglamentos de ambas cámaras, adaptándose a los nuevos plazos y necesidades de este órgano. Proponemos que se incluyan además las normas del Código de Conducts Parlamentarias propendiendo a su fortalecimiento, sanciones en caso de faltas graves, causales de cesación en el cargo y reglas de vacancia”, sugirieron.
En ese sentido, agregaron: “La reforma constitucional que habilite el proceso constituyente deberá establecer que el Comité Técnico redactará el Reglamento de la nueva Convención, y deberá ser aprobado, previo al inicio del trabajo de la Convención, por el Congreso”.
Sugieren, además, “la creación de mecanismos de participación ciudadana a cargo del gobierno y las Municipalidades donde se considere al menos la realización de una consulta ciudadana de priorización de temas a regular en la nueva constitución”, y “que no existan inhabilidades de postulación a la convención para cargos de elección popular”.
“Proponemos incorporar a la BCN como órgano a disposición de los convencionales integrantes de la Convención Constitucional para la provisión de los mismos servicios que ofrecen a los parlamentarios/as, pudiendo brindar capacitación previa a los convencionales electos sobre las principales materias de discusión constitucional”, dijeron.
Finalmente, quieren “establecer expresamente el rol de difusión del trabajo de la convención a Gobierno y municipalidades durante todo el desarrollo de la convención, debiendo entregar además información relevante durante la campaña del plebiscito ratificatorio. Sugerimos además que el Gobierno se encargue de gestionar la administración de todo el proceso. Por último, proponemos que tanto el Gobierno como los Municipios deban ser escuchados en el marco de la deliberación de las comisiones”.