El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó su “profunda preocupación” por el avance de la Ley Naín-Retamal en el Congreso y dijo que su aprobación podría significar un “retroceso en los estándares de los Derechos Humanos”.
Mediante una declaración pública hecha por la directora del INDH, Consuelo Contreras, el organismo público consideró que se debe hacer un estudio más detenido de la ley que fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados con el respaldo de toda la oposición y parte del oficialismo, y que ahora debe ser discutida en el Senado.
“La nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso. Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de Derechos Humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever, por lo que se requiere un estudio más detenido antes de que sea ley”, dijeron desde el INDH.
La propuesta presentada por Renovación Nacional (RN) promueve la figura de la “legítima defensa privilegiada” para las policías del país lo que, en la práctica, significaría que alguien que fue víctima del uso de un arma letal o no letal de Carabineros debe demostrar que no estaba cometiendo algún delito, o no estaba atacando a los policías.
“Los proyectos plantean dudas sobre la igualdad ante la ley, una garantía de la cual todos quienes habitan en este país son titulares. Esto dado que no sólo afectarían a quienes presuntamente están infringiendo la ley, sino de todos aquellos que están cerca y pueden sufrir sus efectos. No olvidemos que se le entrega prácticamente inmunidad a Carabineros por los daños que causen a terceros o a sus bienes materiales durante un operativo policial. Esto último, además, viola el deber del Estado de entregar justicia a todos los afectados por su actuación”, explicaron desde el INDH.
“Los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no sólo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros. Al establecer presunciones legales a su favor que dificultan en demasía la posibilidad de la prueba en contrario, lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas, algo que sólo pueden establecer los tribunales de justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai o eran víctimas?”, plantean.
Desde el INDH reconocen que existe una falta de regulación de las funciones y de los límites del trabajo de las policías y pidieron avanzar en las Reglas del Uso de la Fuerza.Desde el Partido Comunista y el Frente Amplio cuestionaron el artículo del proyecto que propone una “legítima defensa privilegiada” para las policías y el Gobierno de Gabriel Boric anunció que le ingresarían indicaciones a la propuesta.
