“Hay un proceso regular de expulsiones que está fijado en la Ley de Expulsiones, pero la ley establece una facultad extraordinaria para el subsecretario del Interior que es resolver, decretar en este caso, una resolución de expulsión por razones de seguridad de interior”.
Así anunció el domingo, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, parte de las nuevas medidas de seguridad que serán aplicadas en el país tras los últimos sucesos delictuales que incluso han puesto en el debate la aplicación de un Estado de Excepción a nivel país.
“Vamos a empezar a usar esa facultad que tiene la virtud de que acorta el plazo administrativo de expulsión y vamos a proponer al Parlamento dos cambios en esta materia”, señaló Monsalve en una entrevista con Megavisión.
Para ejemplificar lo propuesto, el subsecretario recordó un caso sucedido en Puerto Montt, donde “unos colombianos agredieron a Carabineros y fueron expulsados. Yo dicté la resolución de expulsión por razones de seguridad interior del Estado, ellos apelaron, pero la apelación judicial fue rechazada, porque se entendió que se estaba ejerciendo una facultad que estaba bien fundada, pero tuvieron un plazo de apelación de 10 días”.
“Bueno, lo primero que le vamos a proponer al Parlamento es acortar ese plazo de apelación a 5 días para ajustarlo a los 5 días que la PDI tiene para mantener detenidas a las personas para proceder a su expulsión”, agregó.
Asimismo, explicó que se solicitará modificar una facultad de la PDI no tiene y que está relacionada con la potestad de ingresar al domicilio de la persona notificada de expulsión, dado que “a pesar de que sabe que esa persona está en un domicilio, (la PDI) no tiene facultades legales para entrar, por tanto, si la persona no sale en tres días, la PDI no puede detenerlo para ejecutar la expulsión”.
Además, dentro de las medidas generales que se agregarán al Plan Calles sin Violencia, Monsalve anunció una política de control territorial más fuerte, a través de la formación de equipos especiales de Carabineros, con lo que se espera “detener personas con órdenes de detención vigente, personas que están en situación migratoria irregular y tienen expulsiones vigentes, y personas que están en situación migratoria irregular que no se han inscrito en el proceso de empadronamiento”.
