Nanette Andrade
De forma inédita el Senado de la República rechazó durante la tarde de este miércoles, la propuesta presentada por el presidente de la República, Gabriel Boric, de designar a José Morales Opazo como fiscal nacional, lo que se traduce en un fuerte revés político para el Gobierno que ahora se verá en la obligación de presentar otro nombre para que pueda ser sometido nuevamente al escrutinio parlamentario.
La propuesta presidencial logró solo 31 votos de los 33 que necesitaba y que representan las 2/3 partes del Senado, aunque se aclaró que el candidato reunía los requisitos para ocupar el cargo, lo que deja ver entre líneas que la dificultad para alcanzar el cometido fue de naturaleza netamente política.
Según establece la ley orgánica del Ministerio Público, ahora corresponde que la Corte Suprema complete la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, es decir, el de José Morales, para lo cual tendrá un plazo de diez días, a menos que sea necesario convocar a nuevo concurso, en cuyo evento el plazo se ampliará a quince días.
Posterior a esto, el presidente Boric tendrá 5 días más para impulsar a un nuevo candidato, mientras que el Senado contará con el mismo tiempo para llevar a cabo las discusiones que terminarán en una nueva votación en la que se espera que se pueda ocupar el máximo cargo de la Fiscalía.
El presidente del Senado, Álvaro Elizalde explicó que en esta segunda vuelta los lapsos son más cortos, ya que normalmente el presidente tiene 10 días para presentar el nombre de su candidato y los senadores, 10 días más para pronunciarse. “En este caso se reducen a 5 días y en caso de que nuevamente no se ratifique el nombre, se repite este proceso las veces que sea necesario hasta lograr la ratificación”.
Asimismo, el parlamentario del Partido Socialista se negó a pronunciarse sobre lo que le habría faltado al Senado para ratificar al candidato de Boric, “yo no me voy a involucrar en ese tipo de debates porque lo que me corresponde como presidente del Senado es garantizar un debate ecuánime y que ejerzamos nuestras atribuciones conforme lo establece el mandato constitucional”.
