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40 días más de investigación le otorgaron a la Fiscalía en caso Llaitul

Durante una audiencia en la que se solicitó, precisamente, la ampliación del plazo para desarrollar las diligencias indagatorias pendientes en esta causa

Neimar Claret Andrade

El Juzgado de Garantía de Temuco otorgó al Ministerio Público, durante una audiencia desarrollada este martes 4 de octubre con este fin, 40 días más para llevar a cabo las diligencias indagatorias pendientes en la investigación que se sigue en contra del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, por delitos contemplados en la Ley Seguridad del Estado, usurpación violenta de predios, hurto madera y atentado contra la autoridad, perpetrados a partir de noviembre de 2020.

Fue el magistrado Alfredo Cox Castro el que presidió la audiencia, durante la que el Ministerio Público explicó que aún hay varias diligencias por hacer y otras que se tardan, por lo menos, 30 días, pues en el caso del teléfono del imputado este tiene 783 contactos, 359 conversaciones, 4.210 elementos buscados, 10.050 historiales de internet, 342 mensajes instantáneos, 169 archivos y 46.315 imágenes, que deben ser analizadas.

Asimismo explicó la Fiscalía que es importante el análisis de todo este material, porque los persecutores han sostenido que los ilícitos como incitación a la violencia y apología de la violencia previstos en la Ley de Seguridad del Estado, no sólo están contenidos en los dichos del imputado sino también por la realización de acciones directas encaminadas a la realización de dichas conductas y que es precisamente, en el contenido de este teléfono, donde hay elementos que dan cuenta de este tipo de acciones.

También hay diligencias solicitadas por los querellantes (tanto el Ministerio del Interior como Bosques Cautín) que están pendientes, como el análisis de dos entrevistas audiovisuales que se le hicieron a Llaitul.

Como era de esperar, la defensa, liderada por Rodrigo Román, se opuso al otorgamiento de esta ampliación del lapso de investigación, alegando, entre otras cosas, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y que, sin en efecto, está en peligro la seguridad del Estado, debiera haber la máxima diligencia de parte de los organismos investigativos para esclarecer los hechos.

De igual modo argumentó que se quiere perseguir a la prensa y a la libertad de expresión.

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