Neimar Claret Andrade
El Juzgado de Garantía de Victoria realizó, en horas de la mañana de este martes 21 de febrero, la audiencia de formalización en contra de J.E.C.S. a quien le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que el Ministerio Público le levantara cargos como autor del delito consumado de incendio, tras ser arrestado el pasado viernes 17 de febrero en la comuna quemando unos rastrojos.
El fiscal Héctor Leiva imputó al detenido por los hechos según los cuales, el pasado 17 de febrero, a alrededor de las 15:00 horas, en el kilómetro 17 de la ruta R-825, en la comunidad de Trangol en Victoria, el detenido realizó una quema de rastrojo y pastizales sin contar con la debida autorización ni con los medios necesarios para evitar la propagación del fuego o controlarlo, además de que no tomó no consideración las condiciones climáticas existentes y el hecho de que la región se encuentra en medio de un Estado de Catástrofe, precisamente por incendios.
“El imputado, mientras realizaba esta quema, perdió el control del fuego —alegó el persecutor— el cual se propagó a los predios aledaños provocando daños en plantaciones, cercos, pastizales y eucaliptos en una superficie aproximada de 0,6 hectáreas”.
Asimismo indicó que además de la caja de fósforos que tenía en su poder, la fijación fotográfica del fuego iniciado por J.E.C.S., se cuenta con la declaración de dos testigos que aseguraron haberlo visto iniciar el fuego y ver cómo perdía el control del mismo, por lo que llamaron a las autoridades y con el hecho de que dada la situación de emergencia y al Estado de Catástrofe declarado por las autoridades a causa de los incendios en la región, está expresamente prohibida la quema de rastrojos.
El fiscal Leiva detalló que el imputado, además, tenía una orden de detención vigente en su contra por no haberse presentado ante el Juzgado de Garantía de Victoria por una causa de violencia intrafamiliar y carece de conducta irreprochable anterior, porque tiene dos anotaciones anteriores por el mismo delito.
La decisión de la jueza Evelyn Zelaya Latham además incluyó el otorgamiento de un plazo de investigación de dos meses.
