Neimar Claret Andrade
El abogado defensor de Héctor Llaitul Carrillanca, Rodrigo Román Andoñe, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Temuco, un recurso de amparo con el que busca que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a su defendido y que lo mantiene en la Cárcel de Concepción, sea revocada o, en su defecto, éste sea trasladado a la Cárcel de Temuco.
Según argumentó Román en su escrito, introducido en horas de la tarde de este lunes 29 de agosto, la acción constitucional de amparo es en contra de la resolución, de fecha 25 de agosto dictada por la magistrada Leticia Rivera Reyes, quien, según detalló, no cumplió con su obligación de fundamentar la decisión, por lo que solicitó que la misma quedara sin efecto.
Sin embargo, no sólo plantea que se deje sin efecto la decisión, sino que además solicita que “ante el improbable evento de no acogerse lo propuesto, se ordene el traslado (de Llaitul) al CDP de Temuco”.
El defensor del Líder de la CAM alegó en su solicitud de recurso de amparo que la jueza Rivera no estaba habilitada para conocer la audiencia de formalización, toda vez que fue ella misma la que otorgó la orden de detención en contra de su defendido, lo que, desde su punto de vista, conforme lo previene el artículo 196 N°10 del COT (Código Orgánico de Tribunales), se afecta el derecho a un juez imparcial.Asimismo argumentó que la jueza, además “se refirió a hechos que tuvieron ocasión de ocurrir fuera del territorio jurisdiccional de su competencia” y “no expresó los fundamentos que sostienen tan drástica decisión”.
Román también alegó que la “ley establece que se podrán acumular investigaciones, siempre que todas ellas sean se persigan delitos previstos en dicha ley, cual no es el caso de marras, habida consideración de que los supuestos delitos de usurpación, hurto y atentado a la autoridad que se le imputan a mi representado, tuvieron ocasión de ocurrir en territorios jurisdiccionales diversos a los de competencia de la jueza recurrida”, lo que, desde su perspectiva, configura una afectación al debido proceso.
“La detención y posterior formalización citada —aseguró en el escrito— fue profusamente tratada por los medios de comunicación, todo lo cual a abona a la tesis de estar en presencia de una nueva operación política en contra del amparado, a lo que se suma las presiones que por aquellos medios se desplegaron desde hace al menos un mes, antes de la citada detención”.
La Corte de Apelaciones ya solicitó informes, tanto a la jueza Rivera como a Gendarmería de Chile. Ahora sólo queda esperar si la acción es admitida o no por el Alto Tribunal.
