Neimar Claret Andrade
Los abogados defensores del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, insisten ante la Corte Suprema para se le dé curso a la orden emanada del Tribunal de Garantía de Temuco que ordenó a la Fiscalía entregar a la defensa la identidad de los cinco testigos protegidos en la causa. Al respecto, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido Bedwell, manifestó que “hemos destacado en varias oportunidades la dificultad de enfrentar los delitos que cometen organizaciones criminales, como estamos viendo desde hace varios años en La Araucanía, por lo que poder contar con información que nos entreguen los testigos, las personas que tienen información de lo que está ocurriendo o que son testigos presenciales de acciones que son constitutivas de delito, es fundamental para el avance de las investigaciones en el contexto del respeto también del derecho de todos los intervinientes”.
En ese sentido dijo que la legislación procesal penal contempla medidas de protección y formas especiales de ofrecer testigos sin revelar su identidad, ni su domicilio.
“En el caso concreto de esta acusación —indicó en referencia al caso Llaitul— hemos acudido, precisamente, a esa normativa, presentando la acusación conforme lo establece el Código Procesal Penal; la Fiscalía no está usando testigos sin rostro, no está usando testigos que no se sabe quiénes son, lo que hemos hecho es, sólo en la acusación, en el texto de la acusación, no va a indicar el nombre completo ni los domicilios de esas personas y entregar esa información, en un sobre cerrado, al tribunal, además en un contexto en el que hemos ofrecido 76 testigos, sólo respecto de 5 hemos utilizado este mecanismo, porque consideramos que, en atención a sus circunstancias particulares, están en serio riesgo de verse afectados en su integridad física si es que se conoce completamente su identidad”.
El fiscal Garrido aseguró que “es fundamental poder darles a las personas protección, es una obligación, no sólo del Ministerio Público, sino que de todos los órganos del Estado. El sistema de justicia criminal funciona en la medida en que las personas que proporcionan esta información, que concurren al tribunal, que pueden ser contrainterrogados, ese es un sistema que garantiza los derechos de todos los intervinientes, lo que pasa es que esta medida, que fue declarada ilegal por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, lo que pretende es evitar que los testigos se adhieran al proceso, que no concurran a declarar y que lo que nos parece más relevante todavía y que por eso hemos insistido con una acción constitucional de protección, es que se quiere transmitir el mensaje al resto de las personas que quieren ser testigos, de que no existe la posibilidad de parte del Estado de otorgarles protección”.
Desde la perspectiva del Fiscal Regional, esta situación sería muy dañina para el resto de las investigaciones que se llevan a cabo en La Araucanía asociadas al crimen organizado. “Poder garantizar la seguridad de las víctimas y los testigos a comparecer libremente al tribunal y entregar la información que tienen respecto de un caso, es un elemento que no sólo le interesa al Ministerio Público, sino a toda la sociedad, eso es lo que permite que funcione el sistema de justicia criminal. Evitar que eso ocurra, a través de cualquier forma, en el fondo es consagrar la impunidad de las personas que cometen esos delitos”.
“¿Si un testigo —se preguntó Garrido— va a tener siempre que mostrar su rostro y dar todos sus datos a organizaciones criminales, qué posibilidades hay, en realidad, de que eso ocurra? ¿Qué personas van a estar dispuestas a enfrentar a una organización criminal dando su nombre, apellido y que puedan identificar a toda su familia? Me parece que la realidad hoy nos llama a reconocer que es necesario adoptar medidas de protección y que estas tienen que ser efectivas y no tratar de vulnerarlas”.
