Neimar Claret Andrade
Un nuevo capítulo del caso de la banda de ladrones de madera que fue desbaratada en octubre de 2022 y que era liderada por los empresarios forestales Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, se escribió recientemente con la formalización de otros dos de sus miembros.
El fiscal de Alta Complejidad, Enrique Vásquez, fue quien representó al Ministerio Público ante el Tribunal de Garantía de Lautaro, en donde formalizó investigación contra dos nuevos integrantes de esta banda que operaba en las regiones de La Araucanía y el Biobío, una contadora de la empresa y un funcionario operador de drones que prestaba servicios para la forestal Mininco.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia por el persecutor, Carolina Andrea Rubio Escobar, empleada de la empresa Forestal Bosques Sur, se encargaba de vender y coordinar (con los aserraderos) la entrega de la madera sustraída y, para su entrega, confeccionaba guías de despacho utilizando roles de predios distintos al predio desde donde se estaba sustrayendo la madera.
Asimismo explicó el fiscal Vásquez que, para asegurar la impunidad de los partícipes de la agrupación y evitar fiscalizaciones de la empresa afectada y eventuales procedimiento policiales que implicaran la incautación de la maquinaria forestal y camiones involucrados en la faena, otro de los imputados contactó a Cristian Rodríguez Valdez, quien es operador de dron empleado de la empresa Gustavo Araneda, que a su vez presta servicios de seguridad a Forestal Mininco SA y, previo acuerdo económico que implicó el pago de dinero mediante transferencias electrónicas y en efectivo por parte Miguel Terán, uno de los líderes de la organización, comenzó a informar sobre investigaciones internas, fechas de sobrevuelos mediante dron y procedimientos policiales que se pudieran gestar a propósito de la sustracción de madera que se encontraban realizando los imputados.
El operador de dron quedó en prisión preventiva, mientras que la funcionaria fue dejada con la medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual, prohibición de comunicarse con los coimputados y de acercarse a las víctimas y los predios afectados que fueron Lo Pérez y Los Chilcos.
El plazo de investigación concedido al Ministerio Público fue de 3 meses.
