Jesús Leonardo Núñez
Una nueva fase de conflicto, sumada a las varias desarrolladas ya en el presente año, comenzó este jueves 10 de agosto en la cárcel de Angol. Los presos de la etnia mapuche se declararon en huelga seca, como medida de endurecimiento de las exigencias que vienen realizando y que hasta ahora no encuentran eco en ninguna instancia.
“Hacemos este llamado a nuestras autoridades mapuche, para anunciar de frente a nuestras comunidades y familiares, la difícil decisión de llevar adelante en las próximas horas una huelga seca, esto con el fin a que el Gobierno resuelva nuestras demandas”, es parte de la resolución que se deja ver en un comunicado emitido el mismo día jueves.
Esta nueva medida se suma a los recientes 40 días de huelga, como medida de protesta por la formalización de unos 17 presos qué participaron en la reyerta e intento de secuestro del pasado 7 de mayo en el mismo centro penitenciario, donde al menos tres funcionarios de Gendarmería fueron sometidos y amenazados.
Como consecuencia de aquella situación violenta fueron trasladados 17 comuneros a diferentes penales del sur de Chile, y a mediados de julio la Corte Suprema resolvió el regreso de seis de ellos a Angol. Esta última decisión que no ha sido suficiente para la población penal que también exige mejoras en sus condiciones de encierro.
Los también autodenominados “presos políticos”, insisten en la reconsideración de algunas causas específicas para conceder selectivas libertades. En el comunicado donde advierten el inicio de la huelga seca también se indicó que, producto de las últimas semanas de conflicto carcelario, algunos internos han sufrido fuertes descompensaciones a causa del prolongado cese de ingesta alimenticia. Denuncian que la postura de oídos sordos por parte de gendarmería y del Gobierno nacional, viene provocando gran malestar en sus familias por los múltiples traslados hospitales y las diversas movilizaciones y diligencias judiciales, sin que se proponga una solución definitiva.
Los prisioneros del penal angolino hicieron un llamado a sus autoridades tradicionales mapuche, a que puedan asistir hasta el centro penitenciario y se sumen a la presión colectiva, “ya que hemos observado que no existe voluntad política para resolver nuestras demandas…”, indicaron.
También denunciaron que la situación judicial en la que se encuentran constituye una situación de “racismo sesgado” y una “actitud humillante a la que nos pretenden empujar, donde buscan causar amedrentamiento a nuestras familias, someter a tratos degradantes a nuestros niños, todo con la intención final de hacernos desistir de nuestros derechos políticos y derechos humanos que nos asisten”.
“Por último, a nuestro pueblo mapuche, a que no bajen las manos, a que no dejarse amedrentar y decir que no existe ley que pueda negar nuestros derechos políticos y territoriales, ni nuestros derechos culturales y espirituales”, sentenciaron en el escrito.