Redacción
El centro de estudios Observatorio Judicial, con la colaboración de la Multigremial de La Araucanía, presentaron el cuarto informe de la serie Violencia en la Macrozona Sur 2018-2021, relativo a ataques incendiarios. El informe busca dar cuenta del estado de tramitación y los resultados judiciales de 675 causas por los distintos tipos de delitos de atentados incendiarios ocurridos en la Macrozona Sur, entre 2018 y 2021.
De los resultados destaca la inefectividad del sistema de persecución penal para obtener condenas para quienes cometen ataques incendiarios en la Macrozona Sur. En efecto, apenas 6 causas terminaron en condena, ninguna de las cuales incluye delitos terroristas, en cambio, la mayoría de las causas terminan por decisión de no perseverar o se archivan provisionalmente. La causa de los magros resultados obtenidos proviene de un déficit investigativo a cargo del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. De hecho, apenas un 5% de las causas cuenta con uno o más imputados conocidos.
Para José Miguel Aldunate, director de Estudios y autor del informe, “la impunidad en la Macrozona Sur no sólo es una realidad alarmante, sino que empeora año a año. Se requieren esfuerzos mayores de parte del Estado, particularmente en lo que respecta al actuar de las policías y del Ministerio Público”.
Delitos de connotación terrorista
Si bien un cuarto de las causas analizadas ingresa al sistema por la comisión de un delito de incendio con calificación terrorista, los resultados judiciales obtenidos no son mejores que para los delitos comunes. En efecto, de 172 causas analizadas, apenas se encontraron dos absoluciones y ninguna sentencia condenatoria.
Para el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, los atentados incendiarios son el delito más frecuente que usan los grupos violentos que operan en las regiones del sur. “Parte central de la estrategia de estos grupos —precisó— es sabotear la producción forestal y agrícola principalmente, pero también a empresas de servicios que ejecutan obras de infraestructura mandatadas por el Estado en sectores rurales. También han constituido una forma de amedrentar o expulsar a los propietarios de terrenos con objeto de obtener el control territorial de estas zonas y en esos casos ha afectado a numerosas personas civiles que han visto destruidas sus casas o instalaciones”.
De igual modo Santibáñez agregó que “son miles los bienes destruidos, camiones, maquinarias, equipos y construcciones, que también incluyen escuelas e iglesias”.
