Redacción
El 30 de noviembre, en Curacautín, muy cercano a la zona donde fue visto por última vez Gastón Ortega, la PDI encontró un cráneo humano. Ya para la segunda semana de diciembre, los huesos restantes también fueron hallados en un área próxima a los ríos Dillo y Blanco, en la misma comuna. Por razones probabilísticas, se cree que toda toda la osamenta pertenezca a una misma persona, más específicamente al joven universitario, de quien se supo por última vez de su paradero en abril del presente año.
A la fecha, y pese a las técnicas forenses de la era actual, nada se sabe de la identidad de la persona a la que pertenecieron los huesos hallados, circunstancia que desespera e indigna a la familia Ortega, en especial a Gastón Ortega Candia, padre del universitario.
Ni el Ministerio Público, ni el Servicio Médico Legal dan respuesta de los análisis que prometieron realizar, según anuncios de hace casi un mes, a fin de descartar o ratificar la sospecha sobre la identidad atribuible al estudiante.
Es justamente a tales instituciones que don Gastón critica y cuestiona con vehemencia, por dilación de los respectivos resultados científicos.
El informe médico es de vital importancia para la familia, por cuanto cabe la posibilidad de que se trate de los restos de otra persona, en específico de Paula Alvarado, una trabajadora sexual asesinada cerca del río Dillo, en el año 2018 y cuyo cuerpo fue lanzado. El cadáver nunca fue encontrado, pero su homicida confesó su crimen y por eso paga una pena de 14 años, según mencionó Golpe Digital el pasado fin de semana.
Gato encerrado
Gastón Ortega padre considera que no se justifica tanto retraso en el trabajo forense y por eso advirtió que “alguien no está haciendo bien su trabajo”, razón por la que será persistente en la búsqueda de su hijo y en que se sepa la veracidad de los resultados médicos, los cuales espera cotejar con la experticia de otros laboratorios en Estados Unidos.
Ortega lamenta que dentro del sistema judicial chileno se presenten tantas inconsistencias y falencias científicas, que hace que tantas familias víctimas se tengan que conformar con la poca y deficiente información aportada por las instituciones policiales. Es por ello que buscará la opinión de expertos extranjeros, a fin de constatar cualquier informe judicial elaborado en territorio chileno.
Recordó el caso del niño Tomás Bravo, encontrado muerto en Arauco, región de Bíobío, a cuya familia se entregaron los resultados forenses de un laboratorio internacional y tales resultados contradicen el trabajo investigativo local.
