De acuerdo con la Subsecretaría del Interior, son 184 los diálogos que se han realizado en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, como parte del eje de “encuentros territoriales” del Plan Buen Vivir; pero al ser consultados sobre con quiénes fueron esos encuentros, las fechas y lugares responden que “no es posible acceder” a esos datos.
Por otro lado, en cuanto a la información que sí entregan los legisladores de la Macrozona Sur, advierten que el plan no reconoce que la situación refleja una “violencia asociada a un negocio ilícito, si eso no lo asumen, siempre se van a estar equivocando”, advirtió la diputada Gloria Naveillán, en nombre del grupo de legisladores que denuncian un evidente sesgo en el acceso a la debida información.
En virtud de la Ley 20.285 se indica que al mes de noviembre de 2022 son 184 los diálogos que se han realizado en las regiones antes individualizadas, pero “no es posible acceder a la entrega de la información con el detalle requerido, es decir, copia de las actas, lugares de realización de las reuniones e individualización de los participantes de los diálogos realizados mediante la ejecución del ‘Plan Buen Vivir’”.
No obstante, existe un documento que resume los resultados de dichos diálogos en La Araucanía, Biobío y Los Ríos, sin entregar mayores detalles de porqué se omite la información referida a Los Lagos. Y si bien se explica que en la metodología para sistematizar el resultado se toman en cuenta dos categorías (una “emergente”, que son las “expresiones, demandas, nudos críticos que emergen desde los hablantes”; y otra “dirigida” que responde a áreas como “inversión y desarrollo, habitabilidad, planificación y ordenamiento territorial, relación Estado de Chile, derechos y revitalización cultural”); los temas referidos a la violencia no salen a relucir en ninguna de las 18 páginas del documento, ni siquiera como resultado de las menciones espontáneas.
Esto pese a que esta semana el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco en conjunto con el Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera dieron a conocer el Barómetro Regional 2022 en La Araucanía que indica que, a juicio de los encuestados, la principal prioridad que debe abordar el Estado con los pueblos originarios es erradicar la violencia en las comunidades indígenas (46,2 %), seguido -más lejos- por ampliar restitución de tierras (28 %), tema al que sí se le da prioridad en el informe entregado del Plan Buen Vivir.
Al ser consultada sobre la respuesta entregada por la Subsecretaría del Interior, así como por los resultados sistematizados en el documento, la diputada por La Araucanía Gloria Naveillán, cuestiona que el tema de la seguridad no se haya incluido en la sistematización de los resultados. Relata que hace alrededor de dos meses fue invitada a una presentación del Plan Buen Vivir en Temuco, a la que también asistieron la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte; el gobernador Luciano Rivas; la delegada provincial de Malleco Andrea Parra; el delegado presidencial de La Araucanía José Montalva y los alcaldes de la región.
“Todos los alcaldes, sin excepción, dijeron que el principal problema era la seguridad. Por lo tanto, que este punto no haya quedado reflejado en el documento, indica que el Gobierno no está tomando en consideración la opinión de nadie. Ellos están partiendo de una opinión preconcebida, porque si no mencionan el tema de seguridad, que a las claras es el principal problema en La Araucanía, por lo menos de acuerdo con lo que los alcaldes dicen, quiere decir que ellos están partiendo de donde ellos quieren partir, para llegar a donde ellos quieren llegar”, sentenció la parlamentaria Naveillán.
