Neimar Claret Andrade
La diputada Gloria Naveillan envió un nuevo oficio a Jorge Bermúdez Soto, contralor general de la República, por el caso del pago de la indemnización de 78.707.444 pesos de una demanda civil que presentaron dos ciudadanos victorienses en contra de la Municipalidad, por falta de prestación de servicios que habían sido comprometidos tras una denuncia interpuesta ante el ejecutivo local en contra de un funcionario de la misma por un caso de abuso sexual.
De acuerdo con la misiva, los nuevos antecedentes se generaron durante la sesión del Concejo Municipal de Victoria realizada el 30 de noviembre, durante la que “el propio alcalde parte la sesión indicando un “malentendido” al señalar en radio Bío Bío que existía un supuesto acuerdo del Concejo para el destino de los dineros que se pagaron en la causa judicial”.
“Inicia la sesión —se lee en el oficio enviado por Naveillan— uno de los concejales señalando que es grave el hecho que se usaran recursos de un programa Mejoramiento de Barrios, que se elevó el tema a Contraloría para investigar un posible delito de malversación de caudales públicos, faltas a la probidad, entre otros. Una funcionaria del municipio señala posteriormente que, dado el plazo de 2 días que dio el tribunal civil, que si no se pagaba el alcalde podría irse preso y que el cheque no era del plan de vivienda (Bajo Traiguén) sino que relativa a una plazoleta del Cementerio, aún no licitado, que solo se giró y no se ha cobrado y que los fondos ya se cargaron a esa cuenta sin tocar los recursos de ese plan”.
De igual modo la parlamentaria explicó que “luego de solicitar aclaración de si el asunto era irregular, la funcionaria reconoce aquello, pero justifica que era una situación de “urgencia”. Posteriormente otra funcionaria de nombre “Erica” ratifica lo antes señalado y recalca que el cheque no se ha cobrado y debía cumplirse por el plazo otorgado por el tribunal. Indica que los saldos de fondo común se ingresaron a la cuenta de Mejoramiento de barrios para cubrir el monto del cheque pagado al tribunal”.
Luego de esta discusión, los concejales votaron la modificación presupuestaria, la cual aprobaron con tres votos en contra y cuatro a favor pese a que “el proceso se realizara incorrectamente y sea reconocido en la sesión de Concejo”.
Finalmente gloria Naveillan indicó en su oficio dirigido al contralor Bermúdez que “ruego se indague la situación dado que se efectuaron modificaciones y giros de dinero de cuentas con otro destino, reconocidos por los funcionarios en el Concejo Municipal, buscando enmendar actos previamente ejecutados en una sesión de Concejo posterior a la ejecución de los mismos. Se hace notar, además, que se busca sanear una mala gestión respecto del pago de una cuenta corriente que no correspondía, con facultades que parecieran exceder las que posee la administración municipal”.
