Por segunda vez, el Juzgado del Trabajo de Angol dictó sentencia condenatoria en contra el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, acreditando con ello el acoso sexual perpetrado por el jefe comunal contra una exfuncionaria de la misma municipalidad.
La sentencia se suma a otra condena, dictada contra Reinao, por el mismo tipo de delito, y en la cual la víctima acusó abuso y violación por parte del jefe comunal, obligando el pago de $4 millones por concepto de indemnización, los que fueron pagados por la Municipalidad de Renaico, como empleador de la mujer.
En la sentencia actual, dictada el 22 de mayo, se condenó a un nuevo pago, esta vez, por $6 millones, por concepto de indemnización y costas del juicio, monto que nuevamente deberá ser cubierto por las arcas municipales.
Ante esta suma de pagos y perjuicios hacia la Municipalidad de Renaico, la diputada independiente por el Distrito 22 – al que pertenece la comuna-, Gloria Naveillan, lamentó que “los contribuyentes tienen que estar pagando las condenas por delitos sexuales del alcalde Reinao” y cuestionó que “los concejales permitan que siga en el cargo, repitiendo conductas que en cualquier parte del mundo le costarían al menos la suspensión del cargo. El concejo ya debería haber hecho la pega y pedido su destitución”, afirmó la diputada, pero “parece que la gente le tiene miedo, porque para nadie es un misterio que la municipalidad es una de las mayores fuentes de empleo en la comuna”. Además, agregó Naveillan, “hay harto matonaje en esto, y eso puede llegar a cualquier punto”.
Además de las causas laborales, el alcalde Reinao enfrenta media docena de investigaciones penales por delitos de connotación sexual en las comunas de Angol, Los Ángeles, Cañete, Lebu y Nacimiento, informó el abogado José Francisco Rodríguez, representante de una de las víctimas. Por ello, la diputada por Malleco insistió que “son denuncias y delitos contra él, de manera personal. Es impresentable que el Concejo Municipal esté mudo o que no pidan una investigación”.
La parlamentaria no descartó acciones legales o ante Contraloría, debido a que se trata de condenas de varios millones, “pagadas con recursos que están por ley destinados a ejecutar obras en beneficio de la comunidad, y no para pagar por los delitos sexuales del alcalde”.
