La defensa de Héctor Llaitul ha vuelto a solicitar a la justicia que se conozca la identidad de testigos protegidos que son parte de la causa por diversos delitos por los que el cabecilla de la CAM está formalizado y en prisión preventiva. Esto, luego que la Corte de Apelaciones de Temuco desestimara la autorización que la jueza de garantía de esa ciudad otorgara en primera instancia para acceder a la solicitud del imputado.
En ese contexto, los senadores Carmen Gloria Aravena, José García Ruminot, Manuel José Ossandón, Rafael Prohens y Gustavo Sanhueza presentaron un proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad y resguardar la identidad e integridad de los testigos protegidos, mediante cambios a varios cuerpos legales que apunten a ese propósito.La propuesta busca modificar el Código Procesal Penal, en lo que se refiere a la figura del testigo protegido, siguiendo la experiencia comparada de Colombia, que cuenta con medidas específicas para el resguardo de los testigos protegidos, que incluye protección física, asistencia social, cambio de identidad y domicilio, y otras medidas temporales o permanentes.
“Son precisamente este tipo de herramientas las que queremos introducir en la legislación chilena, para dar mayor seguridad a los testigos protegidos, ya que son pieza clave para el éxito de los procesos judiciales, y por lo mismo, deben tener las garantías adecuados de que se les brindará protección efectiva, ya que si se da a conocer su identidad, además de quedar expuesta su integridad física y riesgo de vida, se desincentiva que las personas opten por esta modalidad para colaborar en un juicio”, indicó la senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena.
Otra de las medidas que plantea el proyecto de ley es que la negativa de un tribunal a entregar protección a un testigo de esta naturaleza sea apelable, permitiendo de paso al Ministerio Público la posibilidad de establecer acciones de protección como las señaladas anteriormente y que se aplican en otras naciones, especialmente cuando se trata de casos vinculados a la norma que determina conductas terroristas o aquella que sanciona el narcotráfico, y la ley de Seguridad del Estado.
La propuesta de los senadores contempla, además, sanciones a los funcionarios públicos que entreguen información secreta o reservada relativa a la protección de un testigo protegido, con penas de cárcel de 541 días a 10 años. “Necesitamos que Chile cuente con una norma moderna y eficaz que proteja de verdad a este tipo de testigos, partiendo por algo tan básico como es el resguardo de la identidad de quienes colaboran de esta forma con la justicia, ya que revelarla los deja en una vulnerabilidad mayor y sólo provocaría que ninguna persona esté dispuesta a ser testigo protegido en un juicio. En el caso de Llaitul, hay que tener en cuenta las implicancias que tiene dar a su defensa acceso a la identidad de testigos que están participando en su causa, ya que se sentirían inmediatamente amedrentado, considerando que se trata del cabecilla de una orgánica radical responsable de múltiples ataques y atentados, que vienen cometiendo desde hace 25 años”, puntualizó la Senadora Carmen Gloria Aravena.
