El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció que presentará una querella en el marco del Caso Democracia Viva por irregularidades en la entrega del convenio y en la contratación de personas.
La ONG está siendo investigada por el Ministerio Público por tres convenios suscritos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
En conversación con El Mercurio, el presidente del organismo, Raúl Letelier, detalló que la acción será presentada por el delito de fraude al fisco y que se interpondrá probablemente durante la próxima semana, así como la demanda civil que busca recuperar más de $94 millones, correspondientes a la diferencia entre lo que había en la cuenta corriente de la fundación y el monto arrojado por la liquidación realizada por la respectiva Seremi.
En esta línea, máximo repesentante de la entidad explicó que la acción se basa en “la entrega de un convenio a una fundación que a todas luces no posee expertiz alguna para poder desarrollarlo; por ende, es una decisión de entregar ese convenio a una entidad cuya justificación solo puede provenir de otro tipo de consideraciones y no de una consideración técnica”.
Adicionalmente, el recurso judicial será interpuesto por irregularidades en la contratación de personas, ya que “no se desarrollan específicamente funciones de cumplimiento del convenio, sino que desarrollan otro tipo de tareas y que, entonces forman parte de una especie de administración desleal de ese contrato”. En cuanto a la demanda civil para la recuperación de los fondos, Letelier planteó que “tenemos que ingresarla dentro de un plazo específico, que es el 30 de agosto. Lo haremos dentro de plazo”.
En relación a la magnitud del Caso Convenios, Letelier precisó que “actualmente tenemos 37 investigaciones penales, que pueden comenzar con una denuncia, una querella, pero eso no quiere decir que haya 37 delitos. Las estamos analizando y tenemos un grupo de abogados relevante destinado a conocerlas”, puntualizó.
Respecto al carácter secreto de algunas causas, desde el CDE aseguraron que “es una cosa que el propio Ministerio Público va analizando, además, también protegiendo su propia investigación y es razonable que lo haga de esa manera. En algunos casos, cuando observa que puede haber un funcionario público incluido, tiene mayor facilidad en entregarnos conocimiento de su investigación, en otros casos no”.
