Ya es un hecho. Y es que la Ley del aborto en tres causales básicas (riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación), promulgada en Chile el 17 de septiembre de 2017, ha permitido abortar a 3.609 mujeres desde enero de 2018 hasta septiembre de este año.
Los datos, procedentes del Ministerio de Salud y revelados por un medio local, recogen que 1.077 mujeres abortaron por estar en riesgo, 1.710 por inviabilidad del embarazo y 822 por violación.
Según la titularidad de los centros de salud donde se practicaron estos abortos, 3.110 fueron en hospitales públicos, mientras que los 496 restantes fueron en privados.
En total, fueron 4.272 mujeres las que se acogieron a la ley, que contempla tanto la vía del aborto como seguir con el embarazo. De estas, 84,5 % decidió interrumpirlo voluntariamente y 15,5 % continuó con la gestación.
“Es muy necesario mejorar la implementación de la ley y en eso hemos estado enfocados desde que asumimos como Gobierno”, expresó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orella.
La normativa presentó algunos obstáculos desde el inicio, como poca información sobre la ley y los derechos que reconoce; falta de capacitación de los profesionales sobre los procedimientos; la ausencia de mecanismos de fiscalización; y la falta de regulación de la objeción de consciencia.
“Nos interesa es que las mujeres que lo necesiten y lo requieran puedan acceder efectivamente a la posibilidad que les otorga esta normativa”, añadió Orellana.
La ley se aprobó durante el segundo Gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), tras varios años de insistencia por parte de organizaciones feministas y de mujeres.Hasta entonces, las interrupciones voluntarias del embarazo estaban totalmente penalizadas, algo que estableció el gobierno de Augusto Pinochet (1973-1990) poco antes de que el general dejara el poder.
La semana pasada estos últimos, que tienen mayoría en el Consejo Constitucional que redacta la nueva Constitución, presentaron una enmienda para proteger la vida del “niño que está por nacer”.
Aunque sectores de oposición aseguran que sus intenciones pasan por acordar que el texto constitucional no dé margen para modificaciones respecto a la legislación vigente, organizaciones feministas ya han alertado de la posibilidad de que la nueva Carta Magna traiga “retrocesos” para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
