“Suena increíble que el Gobierno se querelle por delito terrorista por la quema de maquinarias y no se querelle por delito terrorista por el asesinato de una persona y el intento de asesinato de otra. De verdad es como que las máquinas les importan más que la vida”, declaró Naveillan, remarcando su indignación por lo que consideró una señal errada hacia las víctimas y sus familias.
La legisladora insistió en que la Ley Antiterrorista es hoy una herramienta plenamente vigente y fortalecida, que otorga más posibilidades de persecución penal que en el pasado. En ese sentido, sostuvo que no existe justificación para que el Gobierno actúe con dos criterios distintos según el tipo de ataque.
Las declaraciones de Naveillan se enmarcan en la controversia que ha generado la decisión del Ejecutivo, que sí invocó la Ley Antiterrorista tras un ataque incendiario contra maquinaria forestal en la zona de Carahue–Nueva Imperial, pero no en el homicidio ocurrido en Victoria, donde un trabajador murió y otro resultó herido en medio de un ataque armado.
Para la diputada, este contraste demuestra que la voluntad política del Gobierno está más enfocada en proteger bienes materiales que en resguardar la vida de las personas. “Suena increíble que el Gobierno se querelle por delito terrorista por la quema de maquinarias y no lo haga por el asesinato de una persona”, insistió, recalcando que este doble criterio es inaceptable.
Naveillan subrayó que la legislación vigente entrega herramientas eficaces para investigar hechos de violencia rural, como las interceptaciones telefónicas y las facultades ampliadas de persecución penal. A su juicio, lo que falta no es normativa, sino decisión política para aplicarla de manera coherente en todos los casos.
“Hoy día la Ley Antiterrorista está modificada y permite absolutamente perseguir de buena manera y da muchas herramientas de escuchas”, reiteró, destacando que el Gobierno no tiene excusas para actuar con un criterio dispar.
La diputada cerró sus declaraciones recordando que, en un país golpeado por la violencia en la Macrozona Sur, lo mínimo que se espera es que el Estado defienda primero la vida humana por sobre cualquier otra consideración. “De verdad es como que las máquinas les importan más que la vida”, concluyó, dejando en evidencia su más dura crítica al actuar del Ejecutivo.
