La diputada Gloria Naveillan impulsó nuevas gestiones de fiscalización tras conocerse que en la comuna de Victoria se aprobó una modificación presupuestaria que trasladó $324 millones desde los Fondos de Equidad Territorial, conocidos popularmente como royalty minero, hacia el área de educación municipal.
Según los antecedentes difundidos públicamente, la medida surgió en medio de dificultades para cubrir cotizaciones previsionales y remuneraciones de funcionarios del Departamento de Educación, incluyendo docentes, asistentes y personal administrativo. Para la parlamentaria, ese dato es especialmente grave, porque muestra que recursos extraordinarios están siendo destinados al pago de sueldos y obligaciones que debieron haber estado contempladas en el presupuesto regular del municipio.
La ley establece que los recursos del royalty minero son de libre disposición para los municipios, lo que significa que los alcaldes, junto a los concejos municipales, pueden definir su destino de acuerdo con proyectos o necesidades locales urgentes. Sin embargo, esa misma normativa contempla límites claros para su utilización: no pueden destinarse al pago de deudas municipales, deben administrarse en una cuenta contable separada del resto de los ingresos y existe además una obligación de transparencia y rendición de cuentas tanto ante la ciudadanía como ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere.
En ese contexto, Gloria Naveillan presentó un oficio a la Contraloría General de la República para solicitar antecedentes sobre esta situación y revisar si el uso dado a estos recursos se ajusta efectivamente a la normativa vigente. A su juicio, cuando existen dudas sobre el destino de fondos públicos creados para apoyar el desarrollo comunal, corresponde exigir máxima transparencia y una revisión rigurosa de los actos administrativos que permitieron ese traspaso.
La parlamentaria enmarcó esta nueva acción en una línea de fiscalización que ya había levantado respecto del uso del royalty minero en otras comunas del Distrito 22. En esa misma línea, insistió además ante Contraloría en la necesidad de contar con respuesta sobre el oficio anterior que había presentado para revisar cómo se estaban utilizando estos recursos en los municipios de la zona.
Junto con ello, la diputada también ofició a la Subdere para solicitar antecedentes sobre el traspaso de estos recursos a educación municipal y sobre los criterios que permiten este tipo de modificaciones presupuestarias. El objetivo, según planteó, es contar con mayor claridad sobre el marco administrativo en que se están adoptando estas decisiones y sobre la manera en que se resguarda el sentido original de estos fondos.
Para Naveillan, si bien la ley entrega margen de decisión a los municipios respecto del uso de estos recursos, casos como el de Victoria abren una discusión sobre la necesidad de establecer mayores limitaciones o resguardos para que estos fondos mantengan un vínculo más claro con objetivos de desarrollo local, fomento económico, inversión y fortalecimiento comunal. A su juicio, se trata de una conversación necesaria cuando comienzan a surgir dudas sobre reasignaciones que terminan alejándose del propósito con que estas herramientas fueron concebidas.
La diputada recalcó que seguirá fiscalizando esta materia y que espera que tanto Contraloría como la Subdere puedan pronunciarse con claridad sobre el uso que se está dando a estos fondos. Para ella, el debate no solo dice relación con la legalidad de los traspasos, sino también con la necesidad de resguardar el sentido y la proyección que estos recursos deben tener para el desarrollo de las comunas.
