Andrea Jaque
La empresa proveedora, CODINER, fue señalada como responsable de un servicio deficiente que afecta gravemente la vida cotidiana y la economía local.
Ninón Morales, presidenta de la agrupación de parceleros del sector Yukatán, expuso con firmeza el impacto de las interrupciones prolongadas: falta de agua potable por el funcionamiento eléctrico de las bombas de los pozos, pérdidas económicas en pymes y almacenes, alimentos descompuestos, inconvenientes sanitarios y electrodomésticos dañados. “No sabemos si a quienes nos hemos dirigido son sordos o nosotros no tenemos voz. Hoy necesitamos la voz de ustedes, autoridades, para que nos escuchen”, expresó Morales, subrayando la urgencia de medidas concretas.
Los registros son alarmantes, sólo por mencionar un par de ejemplos: en julio, la Faja Fernández ha acumulado más de 56 horas sin suministro eléctrico, mientras que en el sector Yukatán se contabilizaron 14 cortes en dos meses, cuatro de ellos superiores a diez horas. La situación ha derivado incluso en protestas y barricadas de vecinos que buscan restablecer el servicio.
Los parlamentarios presentes coincidieron en la necesidad de exigir responsabilidades y avanzar en soluciones estructurales. La diputada Gloria Naveillán informó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ya notificó a Codiner y Frontel sobre las sanciones, mientras que Eduardo Cretton llamó a la unidad política y social para enfrentar el problema: “No se trata de derecha, izquierda o centro, se trata de humanidad y compromiso con nuestra región”.
Andrea Parra, por su parte, destacó la urgencia de modernizar el sistema eléctrico y pedir particularmente a la Comisión Nacional de Energía, que pueda autorizar una segunda línea de transmisión hacia Curacautín y Lonquimay, como medida para garantizar continuidad del servicio. El senador Rodolfo Carter fue categórico: ofreció apoyo legal para demandar a la empresa y recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar servicios básicos a la ciudadanía. “Aquí ha habido negligencia y abuso”, recordando que una de las herramientas que tiene el Estado es la expropiación, porque los ciudadanos siempre están primero, afirmó.
El encuentro concluyó con el compromiso de los parlamentarios de continuar las gestiones y volver a reunirse en septiembre, con avances concretos en la mesa técnica y en proyectos de ley que permitan compensar a los afectados y mejorar la infraestructura eléctrica. Los vecinos valoraron la presencia de las autoridades y esperan que esta vez las promesas se traduzcan en soluciones reales para un problema que lleva años golpeando a las comunidades rurales de la Araucanía.
