Una investigación dirigida por el Ministerio Público permitió desarticular una red integrada por
cuatro funcionarios de Gendarmería, cuatro internos y seis civiles, que operaba para ingresar
drogas y teléfonos celulares de manera ilegal al Centro de Cumplimiento Penitenciario de
Collipulli.
El fiscal jefe de Collipulli, Carlos Bustos, informó que son 14 las personas involucradas en la
investigación y precisó que los cuatro gendarmes fueron detenidos por su presunta participación
en delitos de cohecho, tráfico ilícito de estupefacientes e ingreso ilegal de teléfonos celulares. La
indagatoria también considera el delito de asociación delictiva.
La investigación se originó luego de que durante 2025 se detectara un elevado ingreso de
teléfonos celulares ilegales al establecimiento penitenciario. Con esos antecedentes se abrió una
causa que derivó en diligencias autorizadas por el Juzgado de Garantía de Collipulli, entre ellas
órdenes de detención y registros de viviendas y celdas del recinto penal.
La droga llegaba desde Paine
Bustos explicó que los internos que cumplen condena en Collipulli realizaban solicitudes hacia el
exterior y que parte de la operación se desarrollaba desde la comuna de Paine, donde hay dos
detenidos vinculados con la investigación.
“Dicha droga —detalló el persecutor— era enviada por encomienda formal, Chilexpress y
posteriormente era retirada por una tercera persona, quien le traspasaba esa droga a funcionarios
de Gendarmería, quienes finalmente realizaban el ingreso a los internos de la cárcel de Collipulli”.
De esta manera, de acuerdo con la dinámica establecida por la Fiscalía, los propios internos
coordinaban las solicitudes desde el establecimiento penitenciario; la droga era despachada desde
Paine mediante encomiendas y, una vez retirada, llegaba a manos de funcionarios que habrían
facilitado su ingreso al penal.
Pagaban hasta $400 mil por ingresar celulares
La investigación también permitió establecer la existencia de pagos a funcionarios de Gendarmería
para facilitar el ingreso de elementos prohibidos.
“Hay pagos — señaló Bustos— hay bastantes pagos dentro de la investigación. Están
documentados a través del levantamiento del secreto bancario y el monto final lo vamos a indicar
al momento de formalizar los hechos”.
Respecto del ingreso de teléfonos celulares, el persecutor explicó que se detectaron pagos que
alcanzaban aproximadamente los 400 mil pesos por aparato, dependiendo del tipo de equipo.
Durante 2025 fueron detectados aproximadamente 40 a 50 teléfonos celulares ingresados
irregularmente al establecimiento, antecedente que permitió iniciar la investigación.
Escuchas telefónicas y registros audiovisuales
Bustos aseguró que la investigación cuenta con diversos elementos probatorios para sustentar la
participación atribuida a los involucrados.
Entre esos antecedentes existen registros audiovisuales y escuchas telefónicas que, según explicó,
dan cuenta de la manera en que los funcionarios se coordinaban con los civiles que participaban
desde el exterior.
Respecto de las penas que podrían enfrentar los gendarmes, el fiscal señaló que el tráfico ilícito de
estupefacientes contempla penas que parten en cinco años y un día, mientras que la asociación
delictiva parte en tres años y un día, por lo que estimó que podrían arriesgar aproximadamente 10
años y fracción de presidio, considerando los diferentes delitos que serán objeto de formalización.
Gendarmería inició la denuncia
La investigación tuvo su origen en antecedentes detectados por organismos internos de
Gendarmería y posteriormente fue desarrollada en coordinación con el Ministerio Público y la
Policía de Investigaciones.
La jefa del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, coronel Ingrid Rojas
Hernández, sostuvo que “el actuar de este grupo de funcionarios corruptos no va a empañar el
trabajo que realiza la mayoría de nuestros funcionarios”.
Por su parte, el jefe de la Prefectura de la PDI de Malleco, prefecto Rodrigo Rivera, señaló que las
diligencias permitieron además incautar un arma de fuego, un fusil y municiones.
Finalmente, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, calificó los hechos
como una expresión de crimen organizado dentro del sistema penitenciario e informó que el
Gobierno se hará parte de la investigación mediante una querella.
