Edición NCA
La Defensoría Penal Pública de La Araucanía inició las gestiones para contar con un nuevo edificio
institucional en Angol, con el propósito de reunir en una sola dependencia a los equipos de
defensa general, adolescente y penitenciaria que actualmente funcionan en tres oficinas distintas
de la capital provincial de Malleco.
El proyecto fue anunciado por el defensor regional de La Araucanía, Humberto Serri Gajardo,
durante la Cuenta Pública de la gestión 2025, realizada en Temuco, oportunidad en la que informó
que ya se identificó un terreno fiscal viable y se presentó una solicitud formal de concesión ante la
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.
“Como equipo directivo — explicó— hemos impulsado un proyecto de inmueble institucional para
la capital provincial de Malleco, que permita reunir en una sola locación a los defensores,
asistentes y profesionales de apoyo, tanto institucionales como licitados, que actualmente están
en tres oficinas diversas de la ciudad”.
El defensor regional precisó que el proyecto se encuentra en una etapa inicial y que las primeras
gestiones se han concentrado en la identificación de un terreno fiscal ubicado en la zona de
servicios de Angol.
Para avanzar en esta iniciativa, la institución ingresó una solicitud de concesión por cinco años
ante la Seremi de Bienes Nacionales.
“Lo que prometemos —señaló— es trabajo serio para que Angol cuente con un inmueble
institucional que reúna la defensa general, adolescente y penitenciaria, a la vez que se erige como
un punto de encuentro para todos los funcionarios de la Macrozona de Malleco”.
La propuesta toma como referencia la experiencia del nuevo edificio de la Defensoría Regional en
Temuco, cuya puesta en funcionamiento permitió mejorar las condiciones de atención al público y
el desempeño de los equipos institucionales.
Durante la Cuenta Pública Participativa, Serri también informó que en 2025 ingresaron 21 mil 800
causas penales en La Araucanía, cifra que representa un incremento de 12,8 % respecto del año
anterior.
El defensor regional advirtió que este aumento, acompañado de una mayor complejidad de las
causas, no ha tenido una respuesta equivalente en materia de recursos humanos y
presupuestarios para la institución.
En ese contexto, planteó la necesidad de fortalecer las condiciones de funcionamiento de la
defensa penal pública, tanto mediante mayores recursos como a través de iniciativas de
infraestructura que permitan mejorar la atención de las personas.
El proyecto de Angol forma parte de esas gestiones, aunque su materialización dependerá de los
avances administrativos y de las etapas posteriores a la solicitud de concesión del terreno.
