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La Asociación Agricultores Unidos advirtió que el nuevo requerimiento del Servicio de Impuestos
Internos (SII), que obliga a tener inicio de actividades para acceder a programas de apoyo como
Fosis e Indap, puede transformarse en una medida regresiva que deje fuera a miles de pequeños
agricultores.
La consideración la hizo el presidente de la referida organización, Camilo Guzmán, quien indicó
que “el control de los recursos del Estado es positivo, pero no puede transformarse en exclusión.
En Chile los pequeños productores pagan impuestos altos, no reciben subsidios y deben competir
con grandes industrias que ejercen abuso de posición dominante. Esta norma, en lugar de cerrar
brechas, las profundiza”.
Asimismo señaló que de acuerdo con cifras que ellos manejan, casi el 90% de los usuarios de Fosis
no están formalizados y en Indap la mayoría son campesinos que sobreviven con ingresos muy
bajos, produciendo muchas veces sólo para autoconsumo. “Pedir inicio de actividades a familias
que apenas producen para comer o que venden de manera esporádica en una feria local, es
levantar un muro imposible de saltar”.
Guzmán enfatizó que los agricultores chilenos enfrentan una estructura de mercado
profundamente desigual, puesto que “mientras los productores nacionales luchan contra costos
crecientes y precios fijados de manera arbitraria por grandes compradores que ejercen abuso de
posición dominante, los productos importados llegan a Chile con subsidios estatales, cargas
tributarias reducidas y políticas agrarias muy fuertes en sus países de origen. Esa es una
competencia desleal que ya nos tiene al borde del colapso final”.
De igual modo sostuvo que, bajo esas condiciones, imponer la exigencia del SII sólo generará “más
concentración de mercado y más desigualdad en el campo chileno”, favoreciendo a los que ya
tienen ventajas mientras se castiga a los pequeños campesinos.
Un llamado crítico al Estado
“El Estado debe rallar bien la cancha —advirtió— para que el libre mercado se cumpla como tal,
antes de imponer exigencias tributarias mayores a los contribuyentes. Es muy poco patriota
pensar que alguien que apenas sobrevive deba elegir entre pagar impuestos o sobrevivir, producto
de que el Estado no ha sido capaz de garantizar condiciones mínimas de justicia económica,
seguridad y tantas otras. Pedimos a las autoridades que bajen del Olimpo y miren el Chile real, el
de las familias campesinas que hoy están siendo empujadas al límite”.
En ese sentido planteó que la medida podría ser positiva si se aplicara con justicia social. Para ello
propusieron tres pasos concretos que son aplicar la exigencia de manera gradual y diferenciada,
vinculada a niveles de ingreso; mantener excepciones claras para quienes producen sólo para la
familia o tienen ventas muy esporádicas y acompañar con capacitación y asesoría tributaria real,
sobre todo en zonas rurales donde la brecha digital y educativa es más profunda.
“No nos oponemos a la fiscalización —subrayó el líder de Agricultores Unidos— lo que pedimos es
flexibilidad y acompañamiento. Sin eso, esta política será otra carga que asfixie al mundo rural”.
Finalmente Camilo Guzmán detalló que para frenar la entrada en vigencia de la medida en
octubre, el gremio se pronunciará en la Comisión de Agricultura del Congreso, a la cual enviarán
una carta solicitando tratar este tema con urgencia, expondrán la situación en la Comisión del
Maíz, citada para el 3 de septiembre e informarán directamente al Ministerio de Agricultura, al
mismo tiempo que sostendrán reuniones con los ministerios de Hacienda y Economía.
