Neimar Claret Andrade
La Asociación Agricultores Unidos advirtieron, en el seno de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, advirtió los efectos negativos que conlleva la resolución 243 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) relacionados con la aplicación de plaguicidas en la agricultura y apicultura.
Fue, precisamente, en una sesión clave de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que expertos, agricultores y legisladores analizaron los efectos de la aplicación del artículo 12 de la Ley 21.489, especialmente en lo referido a la obligación de avisar con 48 horas de anticipación la aplicación de plaguicidas.
El presidente de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán explicó que esta exigencia, reforzada por la Resolución Exenta 243 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ha sido ampliamente cuestionada por su impacto en la productividad agrícola y en la ya compleja realidad rural que se vive en dichos sectores.
“La normativa —indicó— que extiende el aviso obligatorio a todos los predios rurales, fue calificada como impracticable por los asistentes, quienes alertaron sobre la falta de conectividad, recursos y capacitación para su implementación”.
Asimismo, los participantes coincidieron en que estas medidas profundizan la desigualdad territorial, afectando especialmente a pequeños agricultores y apicultores.
Igualmente los representantes de Agricultores Unidos, como Diego Montenegro y el presidente de la Asociación, Camilo Guzmán, insistieron en la necesidad de un estudio de impacto económico, social y ambiental, señalando que regulaciones mal diseñadas pueden llevar al abandono de cultivos claves como el raps, vitales también para las abejas.
Por su parte, Karina Busetti, investigadora y doctora en Ciencias Agrícolas, señaló que esta normativa perjudica principalmente a los pequeños productores, quienes carecen de las condiciones para cumplir con el avisaje. Propuso enfocar los esfuerzos en educación antes que en fiscalización punitiva.
El SAG anuncia cambios
Rodrigo Sotomayor, director subrogante del SAG, reconoció los problemas en la implementación del avisaje y anunció que esta exigencia será retirada de la Resolución 243 y trasladada a una nueva normativa específica y recalcó que el registro nacional de apicultores ya está operativo y que el rol del SAG es equilibrar la protección agrícola con la salud pública y ambiental.
Finalmente, la Comisión acordó solicitar al Ejecutivo un estudio de impacto económico de la medida y revisar la pertinencia del avisaje obligatorio luego de que el gremio de Agricultores Unidos les aclararan la situación a los diputados que integran la instancia.
