Andrea Jaque
El próximo viernes 01 de agosto se desarrollará en la comuna de Victoria una importante
reunión convocada por la Cámara de Comercio local, en la que participarán los diputados
del distrito 22, concejales de la comuna y el alcalde.
En particular, la inquietud se centra en el capítulo VII de dicha ley, que establece nuevas
normas de probidad y transparencia. Entre sus disposiciones, se prohíbe que los
organismos del Estado suscriban contratos con proveedores que tengan familiares hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad dentro de la institución requirente. En el
caso de los directivos, esta prohibición se extiende hasta el tercer grado.
Si bien la normativa responde al legítimo objetivo de fortalecer la transparencia en el uso
de recursos públicos, su implementación ha generado un impacto negativo en comunas
como Victoria, donde el municipio representa una de las principales fuentes laborales. En
efecto, numerosos emprendimientos de la ciudad se ven hoy impedidos de postular a
procesos de compras públicas, por contar con algún familiar empleado en el municipio.
Como consecuencia, se reducirá la participación de oferentes locales, favoreciendo en
cambio a empresas externas y disminuyendo la inversión dentro de la comuna.
La reunión del 01 de agosto buscará plantear esta situación a los parlamentarios del
distrito y abrir un espacio de diálogo que permita revisar como se aplican los mecanismos
de excepción a la norma. El objetivo no es debilitar el espíritu de la ley, que busca
reforzar la probidad, sino más bien evaluar fórmulas que permitan compatibilizar dicho
propósito con la realidad socioeconómica de territorios como Victoria.
Se espera que la instancia permita recoger visiones desde lo local y propicie un trabajo
conjunto entre autoridades y actores comunitarios, de modo de avanzar en una aplicación
de la ley que sea sensible a las particularidades de las comunas del país.
