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La Cámara de Diputados despachó, durante la tarde del lunes 7 de julio, el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial de la Fiscalía Nacional, especializada en la persecución del crimen organizado y delitos de alta complejidad como los que se cometen en La Araucanía.
Tras aprobarse en segundo trámite constitucional la semana pasada en la Sala del Senado, el proyecto de ley fue visto en la Cámara de Diputados en tercer trámite, donde fue aprobado por 114 votos a favor 0 en contra.
La Fiscalía Supraterritorial se incorpora a la Ley Orgánica del Ministerio Público y será la encargada de investigar los delitos cometidos en contexto de crimen organizado o de alta complejidad, cuando existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial —en más de una región— o transnacional de la investigación.
El proyecto aprobado establece la creación de una unidad funcional de carácter nacional dentro del Ministerio Público, con un fiscal jefe designado por el fiscal nacional y con rango equivalente al de fiscal regional, quien será de exclusiva confianza del fiscal nacional y podrá recibir de él instrucciones generales y particulares en las investigaciones a su cargo.
De igual modo instituye un equipo técnico-especializado, integrado por fiscales adjuntos con experiencia en la investigación del crimen organizado y litigación compleja, evaluaciones exigentes, y un régimen de rotación limitado en el tiempo; la articulación de un Sistema de Análisis Criminal destinado a potenciar la persecución penal mediante estrategias integradas de análisis, bajo un enfoque nacional y especializado y nuevos mecanismos de rendición de cuentas, atención a víctimas y testigos y reglas que permiten trasladar la competencia judicial de causas de alto impacto al Pleno de la Corte Suprema, asegurando el éxito de investigaciones complejas sin menoscabar el derecho a defensa.
La Fiscalía Supraterritorial tendrá facultades para actuar a nivel nacional y transnacional, complementando el modelo regionalizado vigente de la Fiscalía Nacional, así se busca dar respuesta a la creciente sofisticación y expansión territorial de las asociaciones criminales y delictivas, muchas veces de carácter transnacional, que amenazan la seguridad pública y el Estado de Derecho.
La ley refuerza los mecanismos de rendición de cuentas e información al Congreso, pues el fiscal jefe debe rendir cuenta pública anual de su gestión y el fiscal nacional debe informar al Congreso sobre el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los desafíos del crimen organizado.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó que esto se traduce en la modernización más grande de la institución desde la Reforma Procesal Penal. “Hoy damos un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. La ley que crea la Fiscalía supraterritorial ha sido aprobada por el Congreso Nacional y con ella dotamos al Ministerio Público y al Estado de Chile de una herramienta estratégica para investigar los delitos más complejos donde actúan organizaciones en varias regiones o incluso a nivel internacional”.
De igual modo agradeció a los poderes del Estado la aprobación de la ley. “Es una señal clara de unidad frente a una amenaza común tanto para el Estado de Derecho como para la democracia. Como Ministerio Público asumimos este nuevo desafío con responsabilidad y compromiso con la seguridad de todas las personas”.
El proyecto de ley contempla un lapso de 6 meses para implementar esta nueva institucionalidad, que considera una dotación de 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con un presupuesto en régimen de 7.691 millones de pesos y una gradualidad de 3 años.
