Neimar Claret Andrade
Desde las 8:30 de la mañana de hoy miércoles 27 y hasta las 17 horas del 29 de septiembre, los funcionarios de todos los Cesfam de Malleco y del país se plegarán a la paralización convocada por la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada Confusam), luego de que durante todo lo que va de año han estado buscando acuerdos con el Gobierno relacionados con cuatro solicitudes que tienen como gremio y que, hasta ahora, no han logrado.
El dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Victoria y de Confusam Araucanía, Edwin Soto Arias, explicó que, pese a la protesta y a la paralización de actividades, han organizado turnos éticos para varias atenciones como entrega de medicamentos, de alimentos, leches, curas impostergables, atenciones a mujeres puérperas (que recién han dado a luz a sus bebés), entre otras y agregó que los SAR se mantendrán en funcionamiento. “Pero hacemos un llamado a las personas para que no acudan a los Cesfam durante estos días”.
Asimismo aclaró que ellos habían establecido un diálogo con los representantes del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, pero como no han tenido los resultados esperados sobre la base de los compromisos adquiridos, es que Confusam en el congreso del mes de agosto que realizaron en Olmué, decidieron adelantar la movilización que comienza hoy.
Lo que están pidiendo
Sobre los cuatro puntos que motivaron el paro, indicó que el primero de ellos tiene que ver con el incentivo al retiro voluntario, que es el pago (acordado con distintos gobiernos desde hace años atrás) que se hace a las mujeres que se retiran tras cumplir 60 años de edad y a los hombres luego de llegar a los 65 años. Esto tiene como objetivo la mejora de las bajas pensiones de quienes se acogen a jubilación.
“Para poder llevar a cabo esto —precisó Soto Arias— se establece a través de una ley un beneficio denominado incentivo al retiro voluntario para el personal de atención primaria de salud municipal”.
Sin embargo, se dieron cuenta de que el cálculo matemático respecto de los cupos necesarios para enfrentar la situación estaban errados, pues hoy tienen un déficit de 4.600 cupos (que son las personas que están postulando para acogerse a este beneficio), eso sin contar los que postulen luego, pues la ley está vigente hasta 2024.
“No ha habido —acotó— celeridad en las tramitaciones de estas postulaciones en el tiempo que uno esperaría; existiendo resoluciones firmes que identifican cierto grupo de beneficiarios no ha existido la transferencia de los recursos; tenemos personas que están cursando problemas de salud, que están con licencias médicas, que están con enfermedades invalidantes, catastróficas que les están haciendo rechazo de sus licencias médicas y en esa espera se nos genera una complicación y tenemos 30 funcionarios que fallecieron esperando el pago del incentivo al retiro voluntario”.
El dirigente de Confusam reconoció que hay un pliego de buenas intenciones de parte del Gobierno para cumplir con este pago que tiene que ver con la extensión de la ley hasta el 2025 y la entrega de 4.300 cupos para funcionarios que se acojan a este beneficio, que es un avance, pero el total de cupos ofrecidos no es suficiente.
El segundo punto que piden tiene que ver con la agilización del programa de pasantías en el extranjero para el personal relacionado con la salud familiar y gerontológica, pues se están ejecutando las pasantías correspondientes al año 2022 y aunque ya sólo faltan tres meses para terminar el 2023, aún no se ha hecho el llamado para las de este año, así que están demandando que se cumplan los compromisos en esta materia.
El tercer tema tiene que ver con que están pidiendo que el gobierno ajuste el monto a repartir por concepto de la asignación por trato de usuario que perciben los funcionarios de salud y que está sujeta a la evaluación de su desempeño por parte de los usuarios de los servicios de salud, pues pese a que ha aumentado la cantidad de trabajadores de salud entre los que se reparte este dinero, no ha aumentado proporcionalmente el monto a repartir, a parte de que su pago fue suspendido a causa de la pandemia.
Finalmente los funcionarios de salud están exigiendo al Gobierno Nacional que aumente sustancialmente su aporte al financiamiento de la salud primaria municipal llamado per cápita (el Estado entrega a cada municipalidad un aporte por persona inscrita validada) con lo que se deben realizar todas las atenciones de 80 % de la población del país, aproximadamente, pues además se está viendo el paso de personas que antes se atendían mediante las Isapres al sistema público de salud. “Por lo tanto, necesitamos que el Estado se haga cargo”.
