Jesús Leonardo Núñez
Las puertas de la residencia de la delegada presidencial en Malleco, Andrea Parra, se abrieron este jueves para recibir a funcionarios de la PDI, designados por el Ministerio Público en el proceso de investigación de Fundación CreSeres.
El operativo fue para hacer un levantamiento fotográfico, tal como lo adelantó el equipo de la delegada, una vez terminada la presencia de los funcionarios policiales en el domicilio ubicado en Angol.
Fue en esa misma casa donde iniciando el mes de julio, delincuentes sustrajeron una camioneta tipo SUV, hecho delictivo que permitió conocer que el terreno donde se encuentra la residencia es el mismo registrado para la fundación ya mencionada, una circunstancia que llamó la atención del diputado Mauricio Ojeda quien de inmediato realizó la denuncia por figurar como una situación irregular.
El efecto Democracia Viva o “caso fundaciones”, viene salpicando a múltiples instancias de poder, no solo centrales sino también regionales, y en el caso de La Araucanía el Ministerio Público autorizó la apertura de al menos tres expedientes en distintos ámbitos de la administración pública regional.
Siguiendo cada etapa de la investigación, la Fiscalía autorizó el ingreso a la casa de Andrea Parra, y la autoridad provincial destacó que dicho ingreso fue con su consentimiento. En el operativo se procedió a la incautación de diferentes documentos. La delegada aclaró que la fundación, por alguna razon, tiene su mismo registro residencial, al igual que una tercera casa, igualmente revisada por la PDI, que la funcionaria cede en arriendo. Los voceros de la Fundación CreSeres, por su parte, prefirieron no permitir el ingreso de la policía.
Junto con emitir una declaración escrita aclarando la situación, la titular de la Delegación Presidencial de Malleco indicó que colabora con todos los procedimientos investigativos iniciados por la Fiscalía. “No tengo ningún problema en ser fiscalizada. De hecho, voy declarar voluntariamente”, mencionó minutos después determinado el procedimiento.
Las investigaciones continúan en curso y se espera que los resultados de esta diligencia contribuyan a esclarecer los hechos en torno a las supuestas irregularidades o delitos relacionados con el traspaso de fondos públicos multimillonarios para el funcionamiento de las fundaciones.