NCA
“No va a entrar, o sea de mi parte, no va a entrar, porque ustedes vieron claramente cuando fue ministra la Siches, yo fui el que le dio el portazo y así que, por lo tanto, eso no es mentira, no es una cuestión que lo estoy comentando y no lo voy a hacer. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo”.
La afirmación pertenece al lonco de Temucuicui, Víctor Queipul quien reconoció “el portazo” que le dio, en 2022, a la ministra del Interior de ese entonces, Izkia Siches, cuando intentó entrar (pese a las advertencias de los organismos de seguridad) a Temucuicui acompañada de Marcelo Catrillanca y fue recibida a punta de disparos, lo que la obligó a retroceder, con el objetivo de dejar en claro que no permitirá el ingreso de los servicios del Estado a la comunidad que lidera.
“En vez de comprar blindados —recalcó el líder mapuche— inviertan más en las comunidades, a lo mejor que podemos conversar” y acotó que “por ejemplo, cuando hicieron un Censo, yo les dije que no entraran y no entraron, incluso hay un grupo de diputados que fueron la Cámara de Diputados a pedir de que se necesita entrar con los militares, no los vamos a dejar entrar y eso lo hemos dicho públicamente y lo vamos a seguir haciendo”.
El lonco ofreció estas declaraciones tras una denuncia formuladas por dirigentes de Indap, en torno a la falta de seguridad para ingresar a comunidades mapuche señaladas como “radicales” en cuyos alrededores han sufrido asaltos, robos de vehículos y agresiones.
Apoya a Leonelli
En otro orden de ideas, Queipul indicó que apoya la propuesta que hiciera el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli en relación con que la Conadi compre, para las comunidades que mantienen ocupado el predio hace más de 10 años, el Fundo Pidenco, en donde están enterrados los restos mortales de Pablo Marchant, para que se pueda hacer la exhumación que ha sido frustrada por la Coordinadora Arauco Malleco en dos oportunidades.
Sin embargo, el Gobierno ha respondido que la Corporación no compra los predios por condiciones políticas, puesto que la ley prohíbe la adquisición de los denominados predios “perturbados”, es decir, fundos donde se haya registrado algún hecho de violencia.
