La Contraloría General de la República entregó un informe esta jornada que incluye los detalles de las pensiones de gracia otorgadas por el Estado. La investigación lleva el título de “Auditoría al proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas en las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”.
En el documento -que considera los beneficios otorgados después de las protestas de octubre de 2019- se verificó que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.
“En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abusosexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”, añade el texto.
La revisión de las pensiones se empezó a realizar luego que el medio Ex-Ante publicara que existían personas con causas penales en el desglose de beneficiados.
El septiembre del año pasado, el gobierno reconoció que nunca se ha pedido el análisis de antecedentes penales para este tipo de otorgamientos.
Finalmente, en enero de este año, el Ejecutivo confirmó que existe una facultad para revocar la medida en ciertos casos. El informe de Contraloría también evidenció que 19 expedientes remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) “no presentaban antecedentes médicos” para acreditar el beneficio.
“O bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019, los cuales fueron presentados por el DAS a la Comisión Especial Asesora, sin que se hayan efectuado otras gestiones para su validación”, especifica el reporte.
