Neimar Claret Andrade
El Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol concentra casi 60 % de los lanzamientos de
elementos prohibidos desde el exterior hacia establecimientos penitenciarios registrados durante
este año en La Araucanía, una práctica conocida como “pelotazo” y que desde ahora será
perseguida bajo una legislación más estricta.
De acuerdo con cifras entregadas por Gendarmería, entre enero y agosto de 2026 se han
detectado 102 lanzamientos hacia distintos recintos penales de la región, 61 de los cuales
ocurrieron en el CDP de Angol.
Entre los elementos que han intentado ingresar mediante esta modalidad se encuentran drogas,
teléfonos celulares, sierras, comprimidos, municiones, dispositivos de almacenamiento, cables
USB, cargadores y chips para celulares.
Las cifras fueron dadas a conocer durante una actividad realizada en el recinto penitenciario
angolino con motivo de la entrada en vigencia de la denominada Ley Antipelotazos, normativa que
endurece las sanciones para quienes lancen elementos prohibidos hacia las cárceles.
El director regional (s) de Gendarmería, coronel Nimrod Acosta, destacó que “en la región han
existido 102 lanzamientos desde el exterior a los distintos establecimientos penales, de los cuales
61 corresponden al CDP de Angol. La promulgación de esta ley nos beneficia para efectuar un
mejor control”.
Penas de hasta tres años
La Ley N.º 21.834, publicada en el Diario Oficial el pasado 20 de agosto, amplió la penalización
contemplada en el artículo 304 bis del Código Penal y estableció penas que van desde 61 días
hasta tres años de presidio.
Las sanciones pueden aumentar cuando los elementos lanzados sean capaces de afectar la
seguridad del establecimiento penitenciario, poner en riesgo a personas o facilitar una fuga.
Uno de los cambios incorporados por la normativa permite perseguir penalmente el lanzamiento
aun cuando el objeto no sea recuperado o resulte imposible determinar qué contenía.
La seremi de Justicia y Derechos Humanos de La Araucanía, Stephanie Caminondo, explicó que la
modificación busca entregar mayores herramientas para investigar a quienes recurren a esta
modalidad.
“Esta legislación —afirmó—permitirá perseguir y hacer una investigación penal a quienes lancen
implementos dentro de las unidades penales. Esto forma parte del firme compromiso del
Gobierno del presidente José Antonio Kast en materia de seguridad y del fortalecimiento del
sistema penitenciario”.
En la actividad también participó el delegado presidencial provincial de Malleco, Víctor Manoli,
quien sostuvo que la legislación permitirá reforzar la prevención del ingreso de drogas y otros
elementos que puedan comprometer la seguridad de los internos. “Esperamos que en el corto
plazo quienes transgredan esta norma puedan tener la penalidad
