Neimar Claret Andrade
La Segunda Sala de la Corte Suprema decidirá hoy jueves 22 de septiembre, acerca del recurso de amparo intentado por la defensa del líder de la Coordinadora Arauco- Malleco, Héctor Llaitul, cuyos alegatos, así como los del Ministerio Público y del abogado representante del Ministerio del Interior que está como querellante, escuchó durante la jornada de este miércoles 21 de septiembre.
El abogado defensor Rodrigo Román Andoñe presentó un documento de 13 páginas que, en esencia, es el mismo planteamiento que ya había interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Temuco el pasado 29 de agosto y que fue rechazado por esta instancia.
La acción constitucional de amparo es, como en la ocasión precedente, en contra de la resolución, de fecha 25 de agosto dictada por la magistrada Leticia Rivera Reyes, quien, desde la perspectiva de Román, no cumplió con su obligación de fundamentar la decisión, por lo que solicitó que la misma quedara sin efecto.
Sin embargo, no sólo plantea que se deje sin efecto la decisión, sino que además solicita que “ante el improbable evento de no acogerse lo propuesto, se ordene el traslado (de Llaitul) al CDP de Temuco”.
El defensor del Líder de la CAM alegó en su solicitud de recurso de amparo que la jueza Rivera no estaba habilitada para conocer la audiencia de formalización, toda vez que fue ella misma la que otorgó la orden de detención en contra de su defendido, lo que, desde su punto de vista, conforme lo previene el artículo 196 N°10 del COT (Código Orgánico de Tribunales), se afecta el derecho a un juez imparcial.Asimismo argumentó que la jueza, además “se refirió a hechos que tuvieron ocasión de ocurrir fuera del territorio jurisdiccional de su competencia” y “no expresó los fundamentos que sostienen tan drástica decisión”.
Román también alegó que la “ley establece que se podrán acumular investigaciones, siempre que todas ellas sean se persigan delitos previstos en dicha ley, cual no es el caso de marras, habida consideración de que los supuestos delitos de usurpación, hurto y atentado a la autoridad que se le imputan a mi representado, tuvieron ocasión de ocurrir en territorios jurisdiccionales diversos a los de competencia de la jueza recurrida”, lo que, desde su perspectiva, configura una afectación al debido proceso.
Tanto el Ministerio Público como la parte querellante, presentaron alegatos en contra de estos planteamientos de la defensa, los cuales fueron atentamente escuchados por los magistrados, tras lo cual informaron a las partes que darán a conocer su decisión este jueves 22 de septiembre.
Los hechos
Según el Ministerio Público representado en este caso por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido; el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, César Schibar y la fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, a partir de una querella por Ley de Seguridad del Estado, presentada por el gobierno de la época, por declaraciones formuladas por el imputado durante 2020, en calidad de líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se inició una investigación por una serie de ataques incendiarios y acciones violentas en la región de La Araucanía, que se extendieron a otros lugares de la Macrozona Sur, ejecutados por los Órganos de Resistencia Territorial (ORT), entre ellas, la usurpación violenta de predios forestales, como la que afectó, en febrero del año pasado al fundo San Esteban, ubicado en la comuna de Victoria, lugar donde, además, se registró un enfrentamiento con armas de fuego con personal de Carabineros.
En tanto, en marzo de 2021, miembros de la CAM, coordinados por el imputado ingresaron al fundo Renaco Pastales, de la empresa forestal Bosques Cautín de la comuna de Cholchol, predio donde habrían procedido a hurtar madera, provocando un perjuicio avaluado en 87.500.000 pesos y además resultaron heridos dos carabineros por proyectiles balísticos.
Según explicó el fiscal Garrido Bethel, a partir del año 1997 aproximadamente, se inició una serie de ataques incendiarios que afectan a la Macrozona Sur, ataques que partieron por La Araucanía, y luego, con el tiempo, se extendieron a otras regiones. Dichos ataques fueron adjudicados por la Coordinadora Arauco-Malleco, organización que reclamaba mediante la violencia, e incluso por la vía armada, la restitución de diversos terrenos pertenecientes a empresas forestales y agricultores. Cabe hacer presente que de la mano de esta organización nacieron los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) encargados de ejecutar acciones directas de recuperación territorial, quienes con el tiempo se transformaron en receptores inmediatos del mensaje entregado por el imputado. Es en ese contexto que surge la figura del imputado Héctor Llaitul Carrillanca, quien se estableció como líder de la CAM, con una alta exposición mediática, incitando, promoviendo, fomentando y alabando en declaraciones difundidas por medios de comunicación social, la violencia como medio para la obtención de los objetivos planteados por esta agrupación, encontrando eco inmediato en los mencionados ORT que ejecutan de manera directa las acciones incitadas y alabadas por el imputado.
