La madrugada del domingo, encapuchados armados llegaron a las obras de construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue, emplazada al oriente de la comuna de Santa Bárbara, en el sur del Biobío. En el lugar, junto con agredir a los cuidadores, incendiaron un total de 45 camiones y otras cinco maqunarias usadas en las obras, concretando con ello el atentado con el mayor número de vehículos sinestrados en un solo ataque, desde el inicio de los atentados, el año 1997.
Días previos, a traves de redes sociales, grupos radicalizados habían manifestado su rechazo al proyecto hidroeléctrico desarrollado con capitales chinos y que pretendía generar fuentes de trabajo y energía eléctrica
Por ello, la senadora por La Araucanía, Carmen Aravena, calificó como “cobarde” el ataque y las agresiones a los trabajadores.
La también autora de la Ley Antiterrorista apuntó que “sin duda ha fallado la Inteligencia, porque hubo advertencias en redes sociales de la oposición de orgánicas radicalizadas a este proyecto hidroeléctrico, que además de generar energía para el sistema interconectado, iba a disponer más de 400 puestos de trabajo a vecinos del mismo sector”, todo lo cual podría quedar paralizado tras el ataque.
La senadora por la zona lamentó que, la mayoría de los afectados directos eran pequeños proveedores de servicios del mismo sector, quienes resultaron con sus bienes y fuentes de trabajo destruídas.
“Lo hemos dicho una y otra vez: el Gobierno debe respaldar y proveer todas las herramientas para que exista mejor Inteligencia, es la única manera de adelantarse a los terroristas y desarticular las orgánicas que siguen ahuyentando las pocas inversiones que generan trabajo y desarrollo a los habitantes del Biobío y La Araucanía”.
Los afectados son proveedores de servicio.
