Neimar Claret Andrade
Agricultores Unidos (AU) emitió, durante la jornada de este miércoles 7 de mayo, un documento en el que analizaron el informe que la Comisión para la Paz y el Entendimiento le entregó al presidente de la República, Gabriel Boric, análisis que, a decir del presidente de la organización, Camilo Guzmán, tuvo el propósito de “desenmascarar sus falencias estructurales y mostrar cómo reproduce la venta de ilusiones que ha mantenido, tanto al pueblo mapuche como a los agricultores del sur de Chile, atrapados en la pobreza”.
“Nuestro propósito —agregó— es unir ambas comunidades (históricamente enfrentadas por intereses externos) en una causa común: la justicia territorial con desarrollo económico real”.
En el documento AU señala que “desde el inicio, el informe se autoasigna legitimidad como “representante” del conflicto, sin tener mandato directo ni del pueblo mapuche ni de los agricultores del sur. Esta Comisión fue creada por decreto presidencial, no por un proceso participativo ni validado en las comunidades. Las verdaderas voces del territorio —productores, familias, lof, comunidades rurales— no están representadas”.
Con respecto a los comisionados que integraron la instancia, el análisis de Agricultores Unidos indica que “varios integrantes tienen vínculos con el aparato estatal, ONGs o partidos políticos, pero escasa o nula representatividad en el territorio. Aquí se empieza a configurar el problema de fondo: quienes diseñan las soluciones no son quienes sufren el conflicto, ni quienes deben sobrevivir en suelos improductivos o amenazados por la violencia. Se vuelve a repetir el patrón de las cúpulas diseñando planes sin consultar la realidad en terreno”.
En torno a las demandas de tierras precisaron que “se identifican 377 mil 334 hectáreas demandadas, con un costo de 3 mil 110 millones de dólares, pero el dato más importante no es el número de hectáreas, sino que no se dice qué se hará con esas tierras. ¿Habrá apoyo productivo? ¿Capital de trabajo? ¿Infraestructura hídrica? ¿Riego? ¿Vías de acceso? Nada de eso se aborda. La tierra sin un plan económico es sólo una promesa vacía”.
Reparaciones vacías
Sobre los criterios de reparación subrayaron que “se priorizarán comunidades con aplicabilidad, cercanía territorial y otras condiciones ¿y los agricultores que han sido víctimas de usurpación o violencia? ¿Y las comunidades que no tienen título, pero viven hace décadas en la misma zona? El criterio no es desarrollo ni justicia, es tramitología y control político. Se privilegia la capacidad de gestión burocrática sobre las necesidades reales del territorio.”
Agricultores Unidos también se refirió a la Agencia de Reparación y Tribunal Arbitral que plantea el documento, de la que dijo en su análisis que esto significará “más institucionalidad, más burocracia, más cargos públicos, pero nada se dice de desarrollo agrícola, empleo, infraestructura, cooperativas, industrialización del campo. El problema no es jurídico, es económico. Y esta propuesta no ofrece ninguna solución concreta al desempleo, la inseguridad alimentaria ni al éxodo rural”.
Se habla en el documento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento de formas alternativas de reparación como estudios universitarios, infraestructura y acceso a subsidios, lo que desde la perspectiva del organismo agrícola “todas son medidas sueltas, desconectadas de un proyecto económico integral. No se articula ninguna política de reactivación productiva. No hay mención a cooperativas, encadenamientos agroindustriales, ni estrategias territoriales de desarrollo. Es sólo una lista de promesas, sin sustento”.
Desarrollo territorial en el anexo
Acerca del desarrollo territorial, de acuerdo con el análisis de AU “se propone un plan de infraestructura pública, digitalización y subsidios; llamativamente, todo esto aparece al final, como un anexo. ¿Por qué no fue el punto de partida? ¿Dónde está el plan de negocios por comuna? ¿Dónde están las metas productivas, los polos logísticos, los programas de financiamiento asociativo? No están. El informe se enfoca en reparación simbólica, sin pensar la economía real”.
La conclusión de Agricultores Unidos fue que “este informe no entrega soluciones reales. Es otra vuelta en círculo, otro plan lleno de buena voluntad, pero sin sustento económico. La Comisión propone más tierra sin herramientas para hacerla producir. Divide a los habitantes del sur entre víctimas y victimarios, en lugar de unirnos en una salida conjunta del ciclo de pobreza. Los agricultores tradicionales y las comunidades mapuche tenemos una historia compleja, sí, pero compartimos una realidad: estamos siendo expulsados de nuestra tierra, no por culpa del otro, sino por un sistema que nos margina a ambos. Este plan, lejos de resolver el conflicto, lo profundiza”.
“La única paz posible —afirmaron al final— será aquella que construya desarrollo rural productivo, asociativo e industrial, con justicia para todos los que vivimos en el sur de Chile. Esa paz no se compra con 4.000 millones de dólares en tierras mal elegidas. Se construye desde abajo, con trabajo, organización y verdad”.
