Neimar Claret Andrade
Durante la jornada de este lunes 30 de septiembre, la Corte Suprema negó la apelación presentada por el diputado Mauricio Ojeda y confirmó el desafuero parlamentario de este congresista, lo que deja en libertad al Ministerio Público para formalizar investigación y pedir medidas cautelares en su contra por el caso Manicure.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, tras saberse la decisión de la Corte, manifestó que “estamos tranquilos con la resolución de la excelentísima Corte Suprema, pues viene a ratificar la resolución que ya se había pronunciado sobre este aspecto por la Corte de Apelaciones de Temuco, en el sentido de estimar que existen antecedentes que justifican la formación de causa, es decir, se da lugar al desafuero del honorable diputado”.
Asimismo indicó que esto “permite a la Fiscalía proceder de acuerdo con como procedería en relación con cualquier otra persona; podemos formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares y continuar con la tramitación de este caso en el sentido de que contamos con antecedentes que nos permiten, desde nuestro punto de vista, justificar la existencia de un delito de fraude al fisco y también acreditar la participación de las personas que están involucradas en este hecho”.
Al ser consultado sobre cuál será el siguiente paso del Ministerio Público, el persecutor regional detalló que “ahora estamos en condiciones de tratar a la persona aforada que tenía este privilegio procesal como si fuera cualquier otra persona y las decisiones que vamos a adoptar en relación con los siguientes pasos, las vamos a ir analizando y comunicando a través de los canales procesales que corresponden”.
Sobre el rol del diputado en el desarrollo del caso Manicure dijo que consideran que es fundamental en la dinámica defraudatoria, porque “él es la persona que ubica a las fundaciones, que las incita a la postulación de estos fondos, que financia además con recursos propios y también de terceros el funcionamiento de esta fundación y realiza los contactos con funcionarios públicos que en definitiva permite la aprobación de estos programas y la transferencia de fondos hasta estas fundaciones”.
“De manera casi inmediata -acotó- una vez que estas fundaciones reciben los fondos, salen de las cuentas de estas fundaciones, se vacían las cuentas que se habían creado para recibir los fondos y recibe él también y los terceros que habían participado con él en el aporte de dinero para el funcionamiento de esta fundación, la devolución de esos montos, además de los intereses que cobraba él y los terceros que él había contactado para permitir el funcionamiento de la fundación”.
Garrido recordó que esta es una investigación bastante extensa, donde hay querellas que involucran a varias personas y que hasta ahora hay un total de cinco personas ya formalizadas, cuatro de ellas están sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva una a medidas cautelares distintas.
“En los próximos días -agregó el Fiscal- vamos a tomar otras decisiones en relación con la solicitud que hemos formulado en la Corte de Apelaciones y hoy día que se ha ratificado por la Corte Suprema y puede aumentar el número de personas formalizadas”.
Finalmente subrayó que “se trata de una imputación por un delito grave que tiene penas que superan los cinco años de privación de libertad y que implican además un cumplimiento efectivo, pero no vamos a anticipar ninguna decisión de lo que vamos a realizar, sino una vez que comuniquemos esto a través de los canales procesales que corresponde, es decir, la solicitud que se presenta al tribunal de garantía para proceder a la formalización y en esa audiencia también proceder a la solicitud de medios cautelares”.
