Nanette Andrade
Una investigación por parte de la Contraloría está solicitando el abogado y candidato a concejal por Victoria, Camilo Villablanca Jara, quien denunció ante el mencionado órgano irregularidades en la adjudicación de un contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la plaza de la localidad de Púa, el cual benefició a una empresa cuyos representantes legales son familiares de una funcionaria de la Municipalidad de Victoria.
Explicó Villablanca que el lunes 21 de octubre presentó una denuncia formal ante la Contraloría Regional de La Araucanía, denunciando faltas a la probidad en una contratación pública que se realizó a través de Mercado Público. “Me refiero a la licitación llamada el mejoramiento de la plaza localidad de Púa. Esta licitación se adjudicó a la sociedad Constructora Muñoz y Rico Limitada, donde yo evidencié que los socios de aquella constructora tienen, ambos, vínculos con una funcionaria municipal”.
En este sentido, acotó que frente a los antecedentes presentados, la Contraloría, deberá adelantar las investigaciones pertinentes para esclarecer la situación que gira en torno a este contrato que sobrepasa los 626 millones de pesos y que incluye una intervención de 3.594 metros cuadrados de la mencionada plaza, incorporando áreas de circulación y descanso, áreas verdes y sector de juego, 30 unidades de iluminación peatonal led, pozo de riego, demarcación, señalización vial y paisajismo. También contempla 8 unidades de juegos infantiles, 4 máquinas de ejercicios, 2 unidades de bancas, 4 basureros, entre otros.
Parentesco
Detalló el abogado que él mismo pudo constatar que “ambos socios de esta sociedad constructora, uno es cuñado de esta funcionaria pública y la otra persona que es socia de la constructora, es la hermana de esta funcionaria pública, quien es actualmente una trabajadora a honorarios del Municipio; y por lo tanto, al tener ese parentesco, se vulnera el artículo 35 quáter, de la Ley 19886, que precisamente es la Ley sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”.
Aclaró que esta misma ley “que ha sufrido modificaciones durante el último tiempo, precisamente para aumentar la probidad dentro de los servicios públicos, es que también considera a los funcionarios a honorarios, incluso lo dice expresamente el artículo 35 de la ley que ya he mencionado, ya dice precisamente que los funcionarios o personas naturales contratadas, honorarios por el organismo que está asumiendo el contrato, también son parte de esta prohibición y que es precisamente la calidad que tiene esta funcionaria pública”.
Es por esto que el candidato a concejal dijo que la situación se traduce en “una falta de la probidad administrativa, primero, partiendo por la empresa que al firmar su declaración jurada para poder postular o participar en esta licitación, ellos afirman que no tienen ningún vínculo de parentesco con algún funcionario municipal, lo cual es mentira, porque eso queda demostrado en los certificados de nacimiento de una de las socias y también el certificado de matrimonio que adjuntamos también a la Contraloría Regional de La Araucanía.
Y también hay una falta de probidad dentro de la misma administración pública, es decir, de aquellos que tienen que hacer la evaluación sobre si las empresas que están participando de la licitación cumplen o no cumplen con los requisitos y el estándar de probidad exigido por la ley”.
Ante esta situación Villablanca considera que ha quedado en evidencia “que aquellas personas que tenían que hacer la evaluación, estamos hablando del Secpla, también estamos hablando del administrador municipal, no fueron capaces de evidenciar que acá había una especie de conflicto de interés, por así decirlo, y que la ley precisamente lo prohíbe”.
Nulidad del contrato
El abogado agregó que la consecuencia directa de esta situación, debería ser la nulidad del contrato “porque genera la sospecha, porque genera esta incertidumbre de que puede haber habido alguna influencia desde la parte interna de la Municipalidad para que este proceso de licitación se lo hubiese adjudicado a tal empresa”.
Lo cierto es que el contrato está en plena ejecución pues se adjudicó con fecha 10 de julio del 2024 y establece un lapso de 200 días para su ejecución con recursos provenientes del Gobierno Regional y con la aprobación del Consejo Regional de La Araucanía, pero el órgano solicitante y responsable de la licitación, es la Municipalidad de Victoria.
Irregularidades
Asimismo, Villablanca explicó que ha podido conversar con algunos vecinos de la localidad quienes además dejaron ver otro tipo de inconvenientes con el diseño del proyecto. “Alguno de los vecinos, desde su entrada a su domicilio hasta una pared, hay 60 cm de espacio, es decir, el vecino desde que él abre su portón va a tener 60 cm de espacio para salir, y eso ha generado diversos inconvenientes para él que es una persona discapacitada. Fue por lo mismo de que yo comencé a investigar qué era lo que estaba pasando precisamente con la plaza de Púa, es que luego deriva en este descubrimiento, por así decirlo, de que tenemos una sociedad constructora que tiene nexos con una funcionaria pública del Municipio y algo que expresamente está prohibido en la ley y que es una falta de la probidad”.
Por lo pronto, siendo que la denuncia se ingresó el lunes, la Contraloría Regional de La Araucanía tiene un plazo que puede fluctuar entre 10, 5 días e incluso puede ser un poco más. “Pero acá lo importante es que la Contraloría sí o sí va a tener que dictar una resolución respecto a si inician o no una investigación debido a la denuncia que nosotros presentamos”.
Leyenda: El pasado mes de agosto se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de la plaza de Púa.
