La diputada Gloria Naveillan valoró que la Contraloría General de la República confirmara una grave irregularidad en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), tras el oficio que presentó solicitando revisar los antecedentes de la contratación de la asesora Jeanette Tapia Fuentes, ligada al actual ministro Carlos Montes.
Gracias a la gestión fiscalizadora de la parlamentaria, el organismo determinó que Tapia no estaba legalmente habilitada para cumplir funciones en el MINVU, pues en 2018 recibió un bono millonario de retiro voluntario. Este beneficio impide, por ley, reingresar a la administración pública durante cinco años, salvo que se devuelvan los recursos, situación que nunca ocurrió.
Lo más delicado, subrayó Naveillan, es que esta asesora llegó incluso a participar en sesiones de comisiones parlamentarias, entregando opiniones y representando al ministerio como si fuese funcionaria. Todo esto, pese a que en realidad estaba contratada a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un mecanismo que le permitió ejercer tareas propias de la administración del Estado sin estar habilitada para ello. Para la diputada, esta práctica no solo constituye un engaño al Parlamento, sino también una vulneración directa de la probidad y la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones públicas.
La resolución de Contraloría instruyó al MINVU cesar de inmediato las funciones de Tapia y recuperar el millonario bono de retiro que recibió indebidamente. Además, ordenó revisar la situación de otros asesores que, entre 2016 y 2024, fueron contratados mediante convenios con el PNUD. De una nómina de 59 personas, el órgano contralor detectó al menos ocho casos en que las labores realizadas coincidían con funciones públicas u honorarios, abriendo la posibilidad de nuevas responsabilidades administrativas.
Para Naveillan, lo sucedido confirma la relevancia de la labor fiscalizadora que corresponde al Congreso. “No podemos permitir que se utilicen resquicios para saltarse la ley y menos aún que se engañe a la ciudadanía y al Parlamento. Este caso demuestra que cuando se actúa con firmeza y valentía, la verdad siempre sale a la luz”, recalcó.
La parlamentaria también hizo hincapié en que este episodio debe ser una señal para revisar a fondo el uso de convenios internacionales que, en la práctica, terminan transformándose en una puerta trasera para eludir la normativa vigente en materia de contratación pública. “Aquí hubo una burla abierta a la ley. La Contraloría nos dio la razón y ahora corresponde que se devuelva hasta el último peso. Como diputada, voy a seguir fiscalizando y levantando la voz para que los recursos de todos los chilenos se administren con transparencia y probidad”, concluyó.
