Redacción
Junto a la Bancada de diputados de Renovación Nacional, el diputado por el distrito 22, Juan Carlos Beltrán solicitó a la Contraloría General que instruya un sumario administrativo en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), luego del retraso en el proceso de licitaciones vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Alimentación Párvulos (PAP), así como también, del proceso de licitación de los denominados vales de colación correspondiente a la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES).
Según explicó la situación “podría significar un complejo escenario de cobertura en el otorgamiento de las raciones alimenticias en los establecimientos educacionales, lo que constituiría una seria vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”.
En este sentido, Juan Carlos Beltrán detalló que con respecto a los programas PAE y PAP, se estableció que se han hecho tres licitaciones y que con la llegada de la nueva directora, Camila Rubio, en agosto, se han introducido cambios para hacer frente al alza de los alimentos, lo que sería uno de los problemas para proceder a la adjudicación y que ahora se intenta controlar el precio, generar más competencia e incorporar a compañías pequeñas.
También señaló que, además, producto de las condiciones de postulación de las empresas, se presentó ante el Tribunal de Contratación Pública, una denuncia basada en un supuesto actuar “ilegal y arbitrario” por parte de Junaeb al excluir deliberadamente a empresas de mayor tamaño y que habían sido parte de licitaciones anteriores, de manera que se estableció un plazo de postulación hasta el 19 de enero, lo que implicaría, desde su punto de vista, que sea difícil que se cumpla con los plazos para dar cumplimiento a la compra y distribución de las raciones.
Respecto de la beca BAES que aumentó en $5.000, su licitación fue declarada desierta y no se ha vuelto a efectuar una nueva convocatoria.
“Queda en evidencia —consideró Beltrán— una transgresión al principio de celeridad que rige para los procedimientos administrativos y a los principios de eficiencia y eficacia que son reconocidos en nuestro ordenamiento a través de la Ley N° 18.575, constituyendo un imperativo para la administración, cuya inobservancia puede llegar a constituir una transgresión del principio de probidad administrativa, el cual se encuentra extensamente recogido en nuestra Constitución y en leyes que informan la función pública como la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.
De igual modo dijo que toda la situación podría configurar una vulneración del principio de servicialidad recogido en el primer artículo de nuestra Constitución y en el artículo 3 inciso primero de la ley N°18.575.
Finalmente, los parlamentarios de RN piden al Contralor General que solicite la información necesaria tanto de la directora nacional de la Junaeb, Camila Rubio como al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, disponiendo de un sumario administrativo, ya que la falta de continuidad de un servicio que beneficia a miles de niños, niñas y adolescentes transgrede directamente normas de carácter fundamental, que dicen relación con la obtención del bien común y su rol instrumental en pro de la dignidad de la persona.
