La diputada por La Araucanía, Gloria Naveillan, criticó con fuerza la situación revelada en torno a Bernarda Vera, quien por más de cinco décadas fue considerada detenida desaparecida y que, según investigaciones periodísticas estaría viva y residiendo en Argentina. Para la parlamentaria, este episodio “pone en duda la memoria, la justicia y la seriedad con que el Estado ha tratado estos temas”.
“Estamos frente a un hecho gravísimo. No solo se trata de una persona que fue presentada como víctima de la dictadura, sino de la utilización política que por décadas se ha hecho de esta historia. Hoy sabemos que hubo antecedentes que no se informaron a tiempo y eso es inaceptable”, señaló Naveillan.
La diputada recordó que Vera figuraba en el Informe Rettig como víctima del régimen militar, y que el propio Estado la reconoció como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, razón por la cual su familia ha recibido reparaciones, entre ellas una pensión. “Este caso genera un manto de dudas sobre la veracidad de otros procesos y obliga a preguntarse cuántos episodios similares podrían existir”, advirtió.
En esa línea, subrayó la responsabilidad de las instituciones del Estado que manejaron la información sobre el paradero de la mujer. “La falta de claridad y la ausencia de explicaciones oportunas solo demuestran que aquí ha habido ocultamiento y un manejo poco serio de un asunto tan sensible”, expresó.
La diputada además recordó que hace pocas semanas en el Congreso se rechazó con votos de la oposición un proyecto que buscaba entregar recursos para identificar los restos contenidos en 89 cajas con osamentas humanas que permanecen abandonadas en el Servicio Médico Legal. “Es una paradoja dolorosa: mientras se rechazan iniciativas para dar identidad y dignidad a esos restos, por décadas se mantuvo el nombre de una supuesta víctima que en realidad está viva y recibiendo pensiones del Estado”, sostuvo.
Para Naveillan, este caso pone en entredicho la credibilidad del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. “Si aquí se ocultó información, ¿qué confianza pueden tener las familias en que otros procesos se estén manejando con transparencia y rigor? La memoria de Chile no puede seguir construyéndose sobre relatos falsos o verdades a medias”, afirmó.
Finalmente, llamó a la justicia a investigar y a asumir las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan. “Lo ocurrido con Bernarda Vera no es un error menor: es una afrenta a la verdad y a la memoria. Y voy a exigir que se actúe en consecuencia, porque los chilenos merecen certezas y no más engaños”, concluyó.
