El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, fue invitado a participar, de forma remota, en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, con el objetivo de analizar las modificaciones a la Ley Nº18.314, que determina conductas terroristas, estableciendo entre otras modificaciones la facultad para que los gobernadores regionales puedan presentar querellas, lo que permitirá una mayor efectividad en este tipo de procesos y también de la Ley N°12.927, sobre Seguridad del Estado para que los gobernadores puedan presentar querella en una serie de delitos de diversos cuerpos legales.
En ese sentido y ante la comisión, presidida por la diputada, Joanna Pérez, el gobernador Rivas dijo que “es importante que se escuche la voz de los gobernadores en una discusión que es tan importante como son los temas de seguridad, por lo mismo quiero felicitar por avanzar en forma decidida en el principal problema que tenemos hoy como país, que es la crisis de seguridad y creo que esta es la fórmula que tenemos para encontrar las soluciones, como ustedes los diputados se han puesto de acuerdo en el último tiempo en avanzar en esta línea y haciendo cambios concretos, sin tantos discursos, y en ese sentido, los gobernadores y gobiernos regionales estamos también trabajando en forma muy activa”.
La máxima autoridad de La Araucanía, además, sostuvo que “creo que la justicia debe democratizarse, y con esto -lo que quiero decir- es que con más personas o autoridades tengamos la facultad de impartir justicia, obviamente va a ser mejor y más democrático nuestro país. La seguridad es el primer y principal derecho, sin seguridad todos los demás derechos no pueden existir, y por eso quiero señalar que fueron más de tres meses los que se demoró el presidente Boric en presentar querellas contra Héctor Llaitul, lo hizo al final por una presión pública ciudadana, porque este era un tema que ya era insostenible, pero toda una región como la que represento pedía que el Gobierno se querellará y eso no ocurría. Entre el 11 de marzo y el 11 de abril de 2022 hubo 52 atentados terroristas y el Gobierno solo se querelló en tres de ellos, es decir, 94 % de los casos no tuvo querellas, no hubo un Estado buscando justicia y también nos enteramos de cambios importantes en las causas que estaban en curso, abogados que perdieron el interés o bajaron la presión para que la persecución fuera más activa, y también el retiro de las causas en el marco del “estallido social”, con esto lo que quiero decir es que esto es un ejemplo claro que es evidente la necesidad de avanzar en las leyes que hoy se discuten, la facultad persecutoria y la facultad de querellarse no puede recaer solamente en el estado nacional”.
Por último, Luciano Rivas afirmó que “celebro estas iniciativas, es cierto que no es suficiente que la justicia tiene otros problemas que también son necesarios cambiar y mejorar, que la política de seguridad requiere una estrategia más dura, pero es un paso para que las víctimas se sientan más acompañadas, para que las regiones podamos colocar nuestros equipos profesionales en la búsqueda activa de la justicia y no seguir siendo meros espectadores”.
Cabe destacar que la presidente de la Comisión, la diputada Joanna Pérez, informó que también se invitó a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, sin embargo, se excusó de participar de la Sesión, donde además, se dio a conocer que según datos del Observatorio Judicial sobre los atentados terroristas en la Macrozona Sur, en el 97% de los casos existe impunidad.
