El beneficio carcelario de libertad condicional otorgado por la Corte de Apelaciones de Temuco a José Tralcal, condenado a 18 años de prisión por el horrendo crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, es de la máxima gravedad, “porque deja en libertad a un delincuente extremadamente peligroso, no cumpliéndose con los requisitos que establece la ley, que no tiene conciencia del delito y menos arrepentimiento alguno por el brutal crimen. Además, es una persona a la que se le había rechazado este beneficio por parte de la Comisión de Libertad Condicional del Poder Judicial, precisamente porque el condenado no cumplía con los requisitos para acceder a ese beneficio con informe negativo de Gendarmería de Chile”.
La decisión judicial, a juicio de la senadora Carmen Gloria Aravena, es parte de las inconsistencias del Estado frente a las víctimas de la Macrozona Sur, “ya que otros condenados por delitos graves en La Araucanía podrían quedar en libertad más adelante si piden el beneficio sin cumplir con la ley, o como ya ocurre con Celestino Córdoba, quien goza de beneficios carcelarios irregulares y está en un recinto semiabierto”.
La legisladora advierte que resulta inentendible que el Gobierno no se hubiese hecho parte para mantener en la cárcel a este delincuente. “El Gobierno debe apelar a decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, porque no se cumple con la ley y además es un daño tremendo que se hace a los familiares del matrimonio Lucksinger Mackay en la obtención de justicia por este gravísimo crimen”, sentenció.
Aprueban solicitar una “estrategia nacional contra el terrorismo”
Prevención, protección, persecución y preparación de la respuesta, son los pilares de la “Estrategia Nacional Contra el Terrorismo” que contempla el proyecto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad en la Cámara Alta, donde se solicita al Presidente de la República que implemente un plan nacional destinado a enfrentar con mayor eficacia este grave flagelo que afecta al país.
La Iniciativa que proponen los senadores Aravena, García Ruminot y Prohens, adquiere especial relevancia tras el reconocimiento que hizo el presidente Boric en su reciente viaje a la Araucanía, donde señaló que en esa zona existen “actos terroristas”.
De hecho, según cifras de Carabineros de Chile, entre 2018 y 2022 (septiembre), se registraron 5.167 hechos de violencia en las 4 regiones de la macrozona sur (Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.) De estos se han verificado 1.268 delitos de incendios, 138 delitos de lesiones y 23 homicidios.
Datos que cuantifican la magnitud de la violencia que padecen los habitantes de esa parte del país, motivo por el cual los parlamentarios consideran clave que en Chile se implemente una estrategia de este tipo, como la tienen muchas naciones en el mundo. Según el proyecto de acuerdo presentado, `una estrategia chilena contra el terrorismo debería tener por misión proteger los derechos y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile y que se encuentren vigentes, contrarrestando la amenaza del terrorismo hacia las personas en el país´.
Para la senadora Carmen Gloria Aravena, “hemos presentado esta propuesta al gobierno, entendiendo que el terrorismo no es un tema sólo de la Macrozona Sur, sino que es un tema país. Por ello, debemos hacernos cargo de este flagelo implementando una estrategia específica que el gobierno debe incluir en la agenda de seguridad pública que está trabajando con los distintos sectores políticos. El terrorismo destruye la democracia y vulnera los derechos fundamentales, por lo que es urgente que el Presidente Boric elabore una estrategia con perspectiva de Estado y que todos los sectores políticos nos unamos para apoyarlo y sacarlo adelante”.
