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En el marco de la publicación del Informe de Violencia en la Macrozona Sur correspondiente a junio de 2025, la Multigremial de La Araucanía manifestó su preocupación por la persistencia de la violencia rural y terrorista y reiteró el llamado a fortalecer una política de Estado sostenida, firme y transversal para erradicar el terrorismo en el sur del país.
La entidad que agrupa a los gremios productivos de la región —y que ha sido una de las principales voces que ha visibilizado la violencia en la zona— valoró que durante el último año se ha constatado una disminución de los ataques, producto de medidas aprobadas en el Congreso Nacional a las que, en muchos casos, el sector de la izquierda se opuso o abstuvo.
Con todo, el diagnóstico sigue siendo crítico: en lo que va del año ya se han contabilizado 30 hechos de violencia, con un promedio de 5 atentados mensuales, lo que equivale a más de un atentado por semana en la macrozona sur.
Al respecto, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, manifestó que “a pesar de las cifras a la baja, seguimos teniendo hechos terroristas, que afectan a personas inocentes y mantienen a la región estigmatizada. Eso, en cualquier democracia sería motivo de escándalo nacional. Acá se siguen quemando iglesias, atacando carabineros y destruyendo maquinaria productiva sin un plan claro para erradicarlo a 0 atentados”.
Según el informe, durante los 54 meses comprendidos entre enero de 2021 y junio de 2025, se han registrado 1.027 hechos de violencia en la Macrozona Sur, de los cuales más del 60% han ocurrido durante el actual gobierno. Pese a que la zona ha estado bajo Estado de Excepción en el 79% del tiempo desde 2021, Santibáñez apuntó que ello no ha sido suficiente sin una estrategia sostenida de inteligencia y persecución criminal.
Pero más allá del diagnóstico, el informe de junio incluyó un apartado que vuelve a tensionar el debate de fondo: la actitud del Congreso frente a las leyes de seguridad para la Macrozona Sur. La Multigremial valoró las votaciones de gran parte de los parlamentarios, pero detalló cómo un grupo de parlamentarios oficialistas —incluidos miembros del Partido Comunista, Revolución Democrática y otras fuerzas de Apruebo Dignidad— han votado en contra de las cuatro principales leyes aprobadas desde 2022: Ley de Robo de Madera (2022), Ley Naín-Retamal (2023), Ley de Usurpaciones (2023) y Ley Antiterrorista (2025).
“Es legítimo tener diferencias políticas —consideró Santibáñez— pero cuando se vota sistemáticamente en contra de toda legislación que fortalece la seguridad, se instala un doble discurso. Hoy más que nunca necesitamos unidad política para enfrentar el crimen organizado que opera en el sur”.
Frente a este contexto, la Multigremial dirigió un llamado institucional a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, a quien pidió definirse con claridad respecto a estos antecedentes.
“Entendemos que una candidatura presidencial representa una visión de país —planteó el líder de la Multigremial— y por eso, creemos que es legítimo y necesario preguntarle a la candidata Jara si respaldará las leyes que han permitido avanzar en seguridad para las regiones afectadas o si seguirá la línea de su sector político, que hasta ahora ha votado en contra de todas ellas”.
La organización recalcó que este no es un emplazamiento personal ni una crítica aislada, sino un llamado a la responsabilidad democrática frente a una crisis que lleva más de dos décadas afectando a miles de familias, trabajadores, emprendedores y comunidades completas.
“El sur no resiste más ambigüedades —concluyó— esta es una oportunidad para que las candidaturas presidenciales hablen claro y definan si van a enfrentar el terrorismo con decisión, o si optarán por el silencio cómplice. Ya no hay espacio para la neutralidad”.
