Andrea Jaque
El recinto tiene capacidad para 20 jóvenes varones, aunque actualmente alberga a 16
residentes, todos derivados de los tribunales de familia, principalmente de la región de la
Araucanía. Con rangos de edad entre los 14 y 17 años, con un promedio de 17, a punto de
cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, el 87,5% presenta infracciones de ley, desde riñas y
amenazas hasta delitos graves como robo con violencia y violación. Diez de ellos cumplen
medidas bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (20.084).
Burgos advierte que la situación se agudizó tras el cierre de los antiguos centros especializados
(CTD y CREAD de Temuco), lo que derivó en que adolescentes con alto compromiso delictual
fueran enviados a residencias de protección. “Se generó una contaminación criminológica:
jóvenes que no eran infractores terminaron replicando conductas delictivas”, señala. A ello se
suma el consumo problemático de drogas, que ha provocado robos tanto dentro como fuera del
recinto para conseguir recursos económicos, además de episodios de descompensación
psiquiátrica con daños materiales en el inmueble.
El director enfatiza que el personal, 25 trabajadores entre administrativos, técnicos y
profesionales, no cuenta con la especialización necesaria para abordar casos de esta
magnitud. “Nuestro perfil es de protección, no de intervención en consumo ni en infractores de
ley. Nos enfrentamos a una realidad para la que no fuimos preparados”, afirma. En este
sentido, Burgos subraya que, pese al trabajo conjunto con instituciones locales, Carabineros y
la PDI y a los esfuerzos de coordinación con el municipio, los acuerdos establecidos con el
Servicio de Protección Especializado en Infancia y Adolescencia no se cumplieron: se
comprometió a no enviar jóvenes con perfiles delictuales tan complejos, pero finalmente fueron
derivados a la residencia. “Estos centros no fueron pensados para tratar a este tipo de jóvenes
y esa decisión terminó por sobrepasar nuestras capacidades”, agrega.
La residencia, catalogada de alta complejidad, recibe menos recursos que otros centros
similares, lo que limita la contratación de especialistas y la reposición de infraestructura
dañada. “En Temuco: un centro de alta complejidad, por cada niño se destina cerca de tres
millones de pesos; en Victoria, apenas un millón setecientos mil. Esa diferencia se traduce en
profesionales y condiciones que aquí no tenemos”, explica Burgos.
El cierre del proyecto implica que los jóvenes serán derivados a otras residencias de la región
de la Araucanía. Mientras tanto, el equipo enfrenta la incertidumbre laboral y la comuna
observa con atención el desenlace de una institución que, pese a sus limitaciones, ha marcado
presencia en el territorio y generado debate sobre el modelo de protección vigente.
