Neimar Claret Andrade
La Asociación de Agricultores Unidos de Chile manifestaron públicamente su oposición a la puesta en vigencia del Decreto Supremo Ley N° 39 de emisiones de gases y de control de emisiones, por considerar que esto les traerá un perjuicio económico a los agroproductores del país.
El presidente de esa organización, Camilo Omar Martínez, explicó que escuchó las explicaciones que sobre este decreto se dieron en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que, aunque fu redactado en 2020, es ahora cuando se está discutiendo.
“Este decreto —detalló— lo que habla, en otras palabras, es sobre que la maquinaria que se importa a partir de este próximo año hasta esa fecha van a tener que traer un sistema de TPF obligatorio hacia el sistema de emisiones, eso quiere decir que la maquinaria agrícola en Chile, según la información que demuestran las empresas, tendrá un incremento en el precio de entre un 15 y un 20 %”.
Martínez indicó que esta norma de emisiones nace de la Agenda 2030 que suscribió Chile. “El tema está en que esta norma nace y se aplica en países por ejemplo de Europa, en los cuales se subsidia aproximadamente con 40.000 millones de euros a la agricultura y en Estados Unidos donde también se subsidia con aproximadamente 100.000 dólares por agricultor y aquí nosotros para la compra de maquinaria no tenemos ningún subsidio, eso quiere decir que los agricultores van a tener que asumir este 15, 20 % más de lo que cuesta comprar un tractor en el país por mérito propio”.
En ese sentido, el líder agroproductor indicó que esta situación ahora es más grave, “porque a nivel internacional la normativa número 39 viene acompañada de otro decreto que es el 4041, que tiene relación con la calidad de los combustibles que nosotros usamos en nuestro país. En este minuto el combustible que se usa en la mayor parte del territorio del país tiene 15 partes por millón de azufre, pero el decreto 4041 establece el combustible debe tener 10 partes por millón, para que los nuevos tractores funcionen sin problemas, ya que un combustible de mala calidad va a generar problemas, primero, de depuración de los filtros y también va a generar problemas de los motores muy graves”.
Esto, aseguró, aumentaría los costos de mantención directamente.
Es por esta razón que se oponen a la implementación de este decreto. “Nosotros lo que queremos es que el Gobierno, primero, tenga que buscar una salida o dar una subvención para comprar maquinaria o crear un financiamiento especial con un leasing agrícola específico para el resto del sector o simplemente no aplicar la ley hasta que el combustible en Chile no tenga 10 partes por millón desde Arica a Punta Arena”.
“Es imposible poder ejecutar esto —consideró Camilo Martínez— porque va a crear un escenario de destrucción de los motores, de destrucción de los TPF y la inversión que nosotros hacemos se va a transformar en un problema económico mucho mayor, porque va a incurrir tantos costos de recambio, de la mantención que es realmente cara, producto de que el combustible es de mala calidad”.
