Andrea Jaque
En conversación con el concejal Camilo Villablanca, nos indica que la propuesta original, surgió ante la dificultad de pagar las cotizaciones previsionales de funcionarios del Departamento de Educación, que incluye a profesores, asistentes y personal administrativo. Sin embargo, tras las observaciones del concejal, el argumento oficial cambió: ya no se trataba de cubrir deudas previsionales, sino de financiar remuneraciones, lo que sí está permitido por ley.
Un debate marcado por la legalidad y la urgencia
Durante la comisión previa, se advirtió que la normativa prohíbe destinar recursos del royalty al pago de deudas. El cambio de justificación permitió la aprobación, aunque para algunos concejales se trató de una “triquiñuela legal” que, en la práctica, busca otorgar liquidez para cubrir obligaciones previsionales.
La votación terminó con dos votos en contra, frente a la mayoría que respaldó la medida.
El costo de la decisión
La municipalidad recibe poco más de 600 millones de pesos por concepto de royalty. Con este traspaso, se destinó más del 50% de esos recursos, reduciendo drásticamente el margen para proyectos de inversión comunitaria:
- Mejoramiento de calles y veredas.
- Instalación de lomos de toro y cámaras de vigilancia.
- Apoyo a sistemas de agua potable rural (APR).
- Obras en caminos rurales y espacios públicos.
“El royalty, por esencia, está concebido para inversión en infraestructura y desarrollo local, reflejando los beneficios de la minería en las comunidades. La decisión de usarlo para gasto corriente abre la puerta a que, en futuras crisis financieras, se recurra nuevamente a estos fondos para cubrir déficits en áreas como salud, cementerio o administración municipal”, manifiesta el concejal Villablanca.
Riesgos y proyecciones
Según el edil, la situación expone la fragilidad del sistema educativo municipal, que mantiene una plantilla de trabajadores superior a la capacidad de financiamiento. Sin ajustes estructurales, el déficit podría repetirse durante el año, comprometiendo incluso la totalidad de los recursos del royalty.
Además, parte de los fondos se destinan al pago de transporte escolar, otro servicio con deudas acumuladas desde marzo.
Un dilema de gestión
El debate deja en evidencia la tensión entre la necesidad de garantizar sueldos y previsión de los trabajadores, pero bajo una administración equilibrada, responsable y el deber de invertir en obras que mejoren la calidad de vida de la comunidad.
La pregunta que queda instalada es clara: ¿está la administración municipal ajustando realmente el cinturón, o simplemente trasladando el problema a los recursos extraordinarios?
La decisión, calificada como de “extrema gravedad” por el concejal Camilo Villablanca, no sólo compromete el desarrollo urbano y la generación de empleo, sino que también plantea un desafío mayor: cómo explicar a la ciudadanía que los fondos provenientes de la minería, pensados para inversión, se están utilizando para tapar déficits financieros.
